¿Para
qué quiere el Estado una empresa satelital?
Polémicas en torno a la creación de ArSat
Por Bernadette Califano
En
el marco de importantes desarrollos a nivel mundial en materia
de tecnologías de información y comunicación,
la propuesta por parte del Gobierno Nacional de crear una empresa
satelital con participación estatal es, en principio,
bien recibida por amplios sectores que desde hace tiempo reclaman
una mayor participación del Estado en un área
que ha sido muchas veces relegada. Sin embargo, las dudas surgen
alrededor de las vastas facultades que recaen en el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, y sobre algunos temas no especificados en el texto
de la ley de creación.
Surgimiento
El 5 de abril de 2006 el Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.092 que dispone la creación
de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ArSat),
para hacer uso de la posición orbital 81° de Longitud
Oeste y sus bandas de frecuencias asociadas. Dicha posición
había sido concedida en 1998 a la firma privada Nahuelsat
S.A., que disponía de plazo hasta 2003 para ocuparla
con un satélite. En su momento se solicitó una
prórroga a la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones),
que fue concedida por dos años de manera totalmente excepcional.
En agosto de 2004 el gobierno de Néstor Kirchner le quitó
al consorcio la posición 81°, y en 2005 la ocupó
con un satélite de la canadiense Telesat, el Anik II,
tras un pago de US$ 2,1 millones, según publicó
el diario Clarín en ese entonces.
A fines del año pasado se anunció la creación
de ArSat, una empresa satelital de composición accionaría
mixta, con un aporte inicial de 50 millones de pesos por parte
del Estado. Sin embargo, el ahora ex secretario de Comunicaciones
de la Nación, Guillermo Moreno, explicó en el
Congreso que el capital mínimo necesario para el funcionamiento
de la empresa era de 220 millones de dólares.
Entonces que surgieron las dudas. ¿Para qué invierte
el Estado semejante suma, insuficiente para poner en funcionamiento
una empresa satelital, si de todas formas requerirá de
licitaciones que difícilmente le permitirán mantener
una composición accionaria mayoritaria?
El diputado nacional por el Frente para la Victoria, Osvaldo
Nemirovsci, presidente de la Comisión de Comunicaciones
e Informática de la Cámara de Diputados, responde
a PNC: "Se trata de un proyecto que el Estado no puede
sostener solo, porque el mercado satelital requiere de inversiones,
dinamismo y movilidad, y que se relaciona con dejar de ser productores
de tecnologías y pasar a ser productores de conocimientos."
El quid de las licitaciones
El estatuto de ArSat establece en su artículo 4°
que el objeto social de la empresa será "realizar
por sí, o por cuenta de terceros o asociada a terceros,
el diseño, el desarrollo, la construcción en el
país, el lanzamiento y/o la puesta en servicio de satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones (…) y la correspondiente
explotación, uso y/o comercialización de servicios
satelitales."
A los fines de cumplir con dicho objetivo, el capital de la
empresa deberá ser aumentado a través de la creación
y emisión de acciones de distintas clases. Las de Clase
A, de titularidad del Estado Nacional, equivalen a un voto por
acción, con un valor nominal de $1000 (es decir, el Estado
tendrá 50.000 acciones, dados los 50 millones de pesos
que invierte); las de Clase B, privadas, corresponden a cinco
votos cada una, al mismo valor nominal (es decir, serán
más de 600.000 acciones, cuyo peso a la hora de votar
se multiplica por cinco); mientras que las de Clase C, no tendrán
derecho a voto y podrán integrarse con "bienes en
especie" (algo que no queda muy claro en el texto de la
ley).
Por otra parte, el directorio de la empresa estará conformado
por cinco miembros, de lo cuales sólo uno representará
al Estado. Esto, sumado al poder político que tiene el
sector privado en la Asamblea, por los cinco votos que implica
cada acción, señala claramente quien decidirá
acerca del funcionamiento de la compañía.
Sin embargo, el Gobierno destaca una clara diferencia en cuanto
al tipo de decisiones que podrá tomar cada sector: las
acciones de Clase A tendrán peso para resolver asuntos
estratégicos, mientras que las de Clase B serán
mayoría en el momento de decidir cuestiones de gerenciamiento.
Cuando le preguntamos al diputado Juan Carlos Lucio Godoy, del
partido Concertación Entrerriana, acerca del significado
de esta diferencia, nos dijo: "Es un sofisma aplicado por
los bandidos, quienes mienten para engañar a la gente
que conoce muy poco sobre este tipo de sociedades. Ellos sostienen
que el Estado conserva la 'acción de oro', que da derecho
de veto y que se ejerce para la fusión, para la transferencia
de acciones, para cambiar el ramo del negocio o para impedir
que la empresa se traslade a otro país; pero para la
cuestión cotidiana, para la distribución de ganancias,
hacer negocio, manejar la empresa, no se invoca."
Por su parte, el diputado Nemirovsci respondió: "El
que unas valgan 1 voto y otras 5 es para interesar al inversor
privado en función de introducir capitales. Las críticas
son de contadores y leguleyos." Y agregó: "Igualmente,
el tema menos importante es la característica societaria
de la empresa, lo que importa es que se trata de un emprendimiento
de soluciones satelitales, lo que implica crear tecnología
y memoria tecnológica para hacer un satélite en
la Argentina."
¿Y
la industria nacional?
Si bien en el texto de la ley aparece la frase "construcción
en el país" al momento de referirse al satélite
geoestacionario a ser colocado en la posición 81°,
no dice nada acerca de su fabricación por parte de una
empresa nacional, como ser Invap S.E. Y esta es una de las principales
objeciones que recibió por parte de la oposición.
Daniel Kroneberger, diputado por la Unión Cívica
Radical y vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones
e Informática, sostiene que "no está acotado
el que tenga prevalencia lo nacional, cuando creo que es la
esencia del proyecto. Se puede entrever que el Invap mismo puede
llegar a tener acciones Clase B, pero también puede venir
un capital extranjero, apropiarse de la mayoría de las
acciones y quedarse comandando la empresa."
Nemirovsci explica a PNC que, cuando hay que llamar a concurso
de acciones, no se puede favorecer a una empresa en el texto
de una ley. Y aclara: "Es cierto que el estatuto no dice
que la fabricación debe hacerse "por una empresa
del país", pero aún suponiendo que venga
una empresa extrajera a fabricar un satélite acá,
el Invap va a participar, ya sea como contratista principal
o como subcontratista."
De todas formas, aún no se entiende por qué no
se agregaron al proyecto de ley las reformas propuestas por
la oposición que, sin mencionar a ninguna empresa en
particular, especifican que el diseño y desarrollo de
los satélites geoestacionarios deberá realizarse
por empresas de capital nacional radicadas en territorio argentino,
y así no dejar lugar a dudas en cuanto al deseo de fomento
de la industria nacional en materia satelital.
Un
Ministerio poderoso
Algunos párrafos de la ley son blanco de ataques por
parte de la oposición. Principalmente el artículo
7°, que reza que el 2% de la titularidad de las acciones
del Estado será ejercido por el Ministerio de Economía
y Producción, y el 98% restante, por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, a cargo de Julio De Vido. Además, el artículo
9° de la ley establece que dicho Ministerio o "el funcionario
competente que éste designe", instituirá
el marco de regulaciones que deberá cumplimentar la empresa.
En otras palabras, todo el poder a De Vido, o a la persona que
éste elija, para manejar ArSat, licitar acciones y realizar
cualquier tipo de operación financiera.
¿Quién lo controlará? La SIGEN y la Auditoría
General de la Nación. De esta forma, para el presidente
de la Comisión de Informática y Comunicaciones
"el control sobre el destino y el uso de fondos está
garantizado." Por el contrario, el diputado de Concentración
Entrerriana sostiene que estos organismos controlan a posteriori,
por lo que "se arma una licitación, se la orienta
más o menos, y de aquí a que descubran algo…
pueden pasar cinco años. Así como se critica a
una empresa del Estado por su lentitud (argumento utilizado
por el oficialismo, según Godoy, para llevar adelante
el concurso de acciones privadas), es absolutamente criticable
el sistema de control del Estado, por su lentitud."
¿Es
negocio?
El oficialismo dice que sí, aunque Nemirovsci, sin hacer
demasiadas cuentas, se preocupa en resaltar que "aunque
no fuera un buen negocio, si con 50 millones de pesos queda
la capacidad de la innovación tecnológica para
hacer satélites en el país, yo estoy contento".
El diputado Godoy opina que habría sido más rentable
licitar el espacio satelital: "Así, el Estado podría
cobrar en lugar de invertir dinero. Porque si invierte 16 millones
de dólares y no es dueño de nada, probablemente
le convenga hacer una licitación, cobrar unos 15 millones
de dólares y manejar un canon anual. No se entiende muy
bien ya que, además, la rentabilidad esperada de la empresa
será recién en el mediano plazo y no es alta."
Por su parte, Kroneberger coincide en que no está garantizado
que el negocio sea tal y cuestiona: "¿Por qué
Nahuelsat no puso en órbita el satélite? ¿Por
qué no pudo o porque no era negocio? Si no es negocio,
ningún capital extranjero va a colocar acciones y esto
se va a transformar en lo que es Enarsa, una empresa manejada
por Infraestructura, y el Estado se tendrá que hacer
cargo de todo."
¿Cómo
sigue?
El 22 de mayo se publicó en el Boletín Oficial
el decreto 634/06 que formaliza la creación de ArSat.
Está previsto que a fines de junio o principios de julio
se llame a concurso público para emitir acciones Clase
B, que quedarán en posesión de los mejores oferentes.
Sólo entonces veremos si las sospechas de la oposición
son ciertas y se ha creado una nueva empresa para ser manejada
por el Ministerio que conduce De Vido, sumándose a otros
emprendimientos del Gobierno tales como AySA, o si se trata
ciertamente de un paso importante para el país, que nos
permitirá crecer económicamente, mejorar nuestra
realidad comunicacional y colocarnos a la altura tecnológica
deseada.
Audiencia
pública de Telefónica de Argentina: ¿camino
a una nueva ratificación del monopolio?
Por Ana Bizberge
Con
escasa concurrencia y difusión mediática, el 28
de abril de 2006 se llevó a cabo la audiencia pública
por el acuerdo entre la Unidad de renegociación y análisis
de contratos de servicios públicos (UNIREN) y Telefónica
de Argentina en el Intersur Hotel 13 de julio en la ciudad de
Mar del Plata.
Convocada
por el Ministerio de Economía y Producción y el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, la realización de la audiencia
debía significar la posibilidad de abrir un debate público
sobre la Carta de Entendimiento suscripta por Telefónica
y Uniren el 15 de febrero de 2006. Si bien el decreto nº
1172/03 que aprobó el Reglamento General de Audiencias
contempla la participación ciudadana en el proceso de
toma de decisiones, llamó la atención la escasa
concurrencia a la audiencia ya que, entre expositores e inscriptos,
asistieron a la misma alrededor de 80 personas de los cuales,
aproximadamente 36 efectuaron presentaciones orales. Esta cifra
resulta llamativa si se piensa que Telefónica tiene 4,5
millones de clientes.
¿Qué
implica la Carta de Entendimiento?
Amparadas
en la crisis económica Argentina que en el 2001 terminó
con la equivalencia 1 peso/ 1 dólar, Telefónica
y Telecom, las principales prestadoras de telefonía pública
en nuestro país, presentaron una demanda contra el Estado
ante los tribunales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI).
Al
comenzar la audiencia, Juan Pablo Leyro, Coordinador de UNIREN,
explicó que "desde abril de 2002 está en
marcha un proceso de renegociación con Telefónica
(...) y el 20 de mayo de 2004, las partes mostraron la voluntad
de llegar a un acuerdo con la firma de una carta". Así,
la Carta de Entendimiento es un acuerdo firmado por Telefónica
(el mismo proceso se dio con Telecom.) con los representantes
del Estado, por el cual las partes se comprometen a cambiar
la estructura tarifaria y el marco regulatorio que rige para
las telecomunicaciones. De este modo, las empresas prestatarias
suspenderán y eventualmente a desestimarán la
denuncia contra el Estado Argentino.
Continuando
con su exposición, Leyro sintetizó los puntos
más importantes del Acta: unificación de la banda
horaria de larga distancia nacional e internacional, de 22.00
a 8.00 hs de lunes a viernes, lo cual implica atrasar una hora
el período de tarifa reducida. Sin embargo, el representante
de Uniren destacó que los aumentos "no afectarán
a los usuarios, quienes se adecuarán al nuevo horario
reducido".
Otro de los aspectos resaltantes del acuerdo son la aplicación
del factor de corrección que triplica el costo de las
llamadas internacionales entrantes en el área local;
el plazo hasta el 30 de junio para la resolución por
parte de la SECOM de aspectos técnicos y regulatorios
pendientes no directamente vinculados con la emergencia económica;
la elaboración del proyecto para una nueva ley de telecomunicaciones.
Carlos
Bartol, Director de Regulación Corporativa fue el encargado
de representar a Telefónica de Argentina en la audiencia
y manifestó que "la carta de entendimiento fue posible
gracias a que tanto el Estado como la empresa dieron prioridad
al servicio y a los clientes con miras a preservar y potenciar
los beneficios que proveen las nuevas tecnologías caracterizadas
por el avance y la convergencia de los servicios: la combinación
de la telefonía, la transmisión de datos, las
señales audiovisuales y la informática que son
una realidad. Es por eso que el acuerdo alcanzado ratifica el
compromiso del Grupo Telefónica con la República
Argentina".
Vale la pena recordar que el actual marco regulatorio prohíbe
a las telefónicas avanzar sobre radiodifusión
y brindar triple play. Es por eso que Guillermo Davin, Asesor
legal y Gerente comercial de Red Intercables expresó
la necesidad de "adelantarse" ante la elaboración
de una nueva ley de Telecomunicaciones y solicitó que
"antes de ser llevada al congreso, sea objeto de un profundo
análisis en el que todos los sectores de la sociedad
tengan tiempo y oportunidad de dar ideas". Además,
manifestó la importancia de mantener marcos normativos
diferenciales en radiodifusión y telecomunicaciones y
señaló que "dado que Telefónica es
una persona jurídica controlada por personas físicas
de nacionalidad extranjera es evidente que no reúne las
condiciones para tener una licencia de radiodifusión".
En
una dirección similar se dirigió Alejandro Amendolara,
Director de legales y marco regulatorio de Telmex Argentina
al pedir al Poder Ejecutivo que convoque a una nueva audiencia
cuando haya elaborado el texto definitivo que elevará
al Poder Legislativo para su tratamiento. Amendolara concluyó
diciendo que su empresa no cree que "la modificación
de una ley aprobada en 1972 pueda resolverse con una audiencia
convocada con sólo 21 días de anticipación,
ni que pueda ser objeto de una carta de entendimiento entre
el gobierno y dos empresas".
Cabe recordar que Telmex obtuvo una negativa expresa para participar
en la mesa de negociación de contrato de las telefónicas.
En el 2004, cuando se firmó la carta de compromiso hicieron
una presentación a UNIREN porque entendían que
lo que se negociaba afectaba a la competencia en telecomunicaciones
por lo que tendría implicancias en el resto de las compañías.
El director de legales de Telmex declaró a PNC que "consolidar
la posición dominante de Telefónica y Telecom.
implica volver al esquema de la privatización de los
90". En cuanto al triple play indicó que, a diferencia
de Telefónica, "nosotros no tenemos una empresa
de radiodifusión, Telmex podría hacer acuerdos
con empresas de contenidos para hacer el transporte a través
de sus redes".
El
revés de la trama
En
nombre de Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo de la Nación,
María Laura Grosso hizo notar que el acuerdo entre el
Estado y Telefónica deja olvidados algunos puntos contemplados
en el decreto 764/00 tales como la interconexión y la
tasa que se debe a los usuarios por el fondo fiducidario del
servicio universal que aún no se ha creado. Desde su
perspectiva, estos factores impiden la competencia real para
que nuevos operadores ingresen a prestar telefonía básica
y perjudica a los usuarios, en especial a aquellos que habitan
en zonas no rentables.
Sin
embargo, según Juan Pablo Leyro de UNIREN, los aspectos
señalados anteriormente son, en última instancia,
menores. Cuando en una entrevista exclusiva para PNC se le preguntó
por qué en la carta de entendimiento no se discutían
aspectos como la interconexión o la cesión de
la red a las telefónicas, él subrayó que
"Telefónica cumplió razonablemente el contrato,
para rescindir la licencia previamente también debería
haberlo hecho la SECOM, por otra parte, hay que sopesar el perjuicio
para el Estado".
Evidentemente
no tan secundarios, los temas pendientes de la apertura del
2000 fueron puestos en juego una vez más por parte de
Alejandro Amendolara, de TELMEX Argentina quien planteó
que "en materia de interconexión, los convenios
preparados por las empresas dominantes son contratos leoninos
de adhesión". En conversación con PNC aseguró
que uno de los problemas es que " el CER se aplica en forma
simétrica, que sólo se tiene en cuenta cuando
las entrantes tienen que pagar a Telefónica y Telecom.".
En este sentido, en su exposición pública indicó
que "el papel activo del regulador será crucial"
y agregó que "sería importante que la futura
ley de telecomunicaciones despeje el camino de toda demora burocrática
que obstaculiza el rápido otorgamiento de una licencia
o el registro de un nuevo servicio (...) la competencia debe
ser el objetivo de la política pública en materia
de telecomunicaciones".
Durante
las 8 horas que duró la audiencia se escucharon severas
críticas por parte de las asociaciones de consumidores
y usuarios que manifestaron su indignación ante el aumento
de tarifas y la unificación de la franja horaria. Ezequiel
Nino, de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia
(ACIJ) manifestó que, conjuntamente con "Consumidores
libres", presentaron una demanda judicial en la que declararon
la inconstitucionalidad de la audiencia aduciendo que, dado
que la única forma de tomar conocimiento de los documentos
para participar de la misma era acercándose a la sede
de UNIREN, se lesionaba el derecho a la información,
el de un trato equitativo y digno y el derecho a participar
de los asuntos públicos a los usuarios no residentes
en la ciudad de Buenos Aires.
En medio de los reclamos, también hubo apoyos a Telefónica
como el de Guillermo Spitznagel, Director de la Escuela de negocios
de la UCA quien argumentó que la Universidad poseía
un programa de capacitación para Pymes financiado por
Telefónica.
¿Cómo
seguir?
El
28 de junio las autoridades de UNIREN adoptarán la resolución
final a partir de lo discutido en la audiencia. Pero aún
queda un largo camino por recorrer hasta la firma de un decreto
que ratifique el Acta de Entendimiento: el expediente deberá
pasar por la Procuración del tesoro de la Nación,
Sindicatura General de la Nación y, finalmente, por el
Congreso.
Por
su parte, cabe mencionar que, en el caso de Telecom, también
se realizó un proceso de audiencia pública que
tuvo lugar el 18 de mayo en la provincia de Tucumán,
donde se puso a consulta el acuerdo firmado entre la empresa
y el Estado, que presenta los mismos términos que el
de Telefónica de Argentina.
En dicha audiencia, Luis Perazo, Director de Comunicaciones
y Relaciones Externas de Telecom resaltó que a pesar
de que "las cifras resultantes de la apertura del mercado
argentino están en línea con la de los países
en que se ha desarrollado la competencia. En esos países,
el operador dominante mantiene una participación en su
mercado, mucho mayor que el que actualmente detenta Telecom
en Argentina".
El
gesto de poner ante consulta pública los acuerdos firmados
entre el Estado y las prestatarias de servicios de telecomunicación
no pudo soslayar la necesidad de evitar que un asunto de tal
relevancia cobre verdadera notoriedad. Para dar cuenta de eso,
sólo basta mencionar el pretendido carácter federalista
en la elección de los lugares para la realización
de las consultas públicas que casualmente trajeron aparejada
una merma en la concurrencia; que se notificó la realización
de las mismas sólo con 21 días de anticipación,
que la posibilidad de tomar contacto con los expedientes fue
limitada para aquellos que no viven en la ciudad de Buenos Aires.
A pesar del presunto carácter democrático de las
audiencias públicas de Telefónica y Telecom queda
la sensación de que las decisiones ya están tomadas
de antemano.
Debate
abierto sobre "Televisión Digital en Argentina"
Por Juan Meiriño
Así
como en los 70 nacieron las primeras pantallas de televisión.
Y así como desde el 80 llegaron los colores. En este
2006, los argentinos deberíamos experimentar la ultima
revolución televisiva del siglo XX: la HDTV o Television
en Alta Definicion.
Durante todo el año pasado, los debates sobre televisión
se centraron en la TV digital. El objetivo fue, y es, definir
la norma que se aplicara en Argentina.
Y este año, en el que debería estar finalmente
definido si el país opta por la tecnología japonesa,
la estadounidense o la europea, el debate sigue.
El pasado 24 de Marzo se realizo en la Universidad de Palermo
un nuevo encuentro para discutir sobre el mercado argentino
y las posibilidades de la HDTV.
Los representantes de las normas en disputa, la europea y americana
(la japonesa viene retrasada y esta casi fuera de carrera),
expusieron sus puntos de vista y defendieron cada uno su sistema.
Hablaron el Ing. Juan Carlos Guidobono (director del ATSC Forum,
norma americana de TV Digital), y el Ing. Roberto Lauro (representante
y director para Argentina de la norma europea de TV Digital
DVB).
El Seminario "Televisión digital en Argentina",
lo organizó la Graduate School of Business de la Universidad
de Palermo, en el marco del lanzamiento del MBA en Entretenimiento
y Medios.
La coordinación del debate la hizo el profesor del MBA
de Entretenimiento y Medios, Dr. Antonio Ambrosini, director
de Relaciones Institucionales de Telefe.
Sistema
Americano
El Ing. Juan Carlos Guidobono, director del ATSC Forum -norma
americana de TV Digital-, afirmó que la TV digital es
una nueva plataforma de telecomunicaciones que brinda calidad
y alta definición, combatiendo las interferencias, ruidos
y fantasmas de la TV analógica utilizada actualmente.
En referencia al sistema de la norma europea sostuvo que la
misma compite con el cable y el satélite, tratando de
buscar cantidad sobre calidad, afectando a los canales abiertos.
"La norma norteamericana ATSC -dijo- posee una estrategia
comercial basada en la calidad, en la que cada uno es dueño
de su transmisión. De esta manera, con la alta definición,
retengo gente, público, y por lo tanto, rating. Con esta
norma, la señal se puede enviar por cable y tienen la
obligación de incluir los canales de aire".
Guidobono afirmó además que: "el sistema
ATSC es sensible frente a la inclusión social, ya que
impulsa receptores de bajo costo" (los receptores son los
dispositivos que el usuario deberá tener para poder ver
TV digital, que tendrán un costo aproximado menor a los
U$S 100).
En los Estados Unidos, el 48% de la gente ya cuenta en su casa
con el sistema de HDTV instalado.
Sistema
Europeo
Por otro lado, el Ing. Roberto Lauro, representante y director
para Argentina de la norma europea de TV Digital DVB, dijo que
el "DVB Project es un sistema de TV digital de uso mundial,
que no es sólo para el mercado europeo", y que "además
es un estándar utilizado en TV por cable y no está
controlado por ningún país o empresa".
También agregó que: "la norma DVB es masiva
y popular", y que su principal diferencia con la americana
es que "la ATSC está enfocada a la alta definición
y no es para todo el mundo".
Lauro aseguró que la norma DVB en el mundo es adquirida
por 155 millones de usuarios; mientras que por el contrario
la ATSC posee unos 12,5 millones.
Y terminó su exposición atacando a su competidor,
diciendo que "en Estados Unidos la TV digital no está
funcionando".
VoIP:
ya se corre la voz sobre la red de redes
Por
Mariela Baladrón y Luis Lozano
Tras
una primera etapa marcada por la confusión y los cruces
entre prestadores corporativos, emprendedores y oportunistas,
las diferentes variantes de la telefonía electrónica
comienzan a adoptar una configuración más estable,
con zonas de competencia claramente definidas.
Mientras sectores empresarios "convergentes" auguran
que se trata de una tecnología disruptiva a punto de
revolucionar la telefonía tradicional, que tendría
los días contados, la regulación estatal se hace
esperar. ¿Traerá la telefonía electrónica
el servicio universal que el cable de cobre y la fibra óptica
no supieron conseguir?
Tan
sólo en Argentina, desde 2004 hasta la actualidad los
usuarios de la telefonía por Internet pasaron de 3.000
a 25.000 y se calcula que ya existen unos 50.000 puertos -líneas-
aptos para la comunicación IP. Este crecimiento vertiginoso
se corresponde con la tendencia de los operadores a concentrar
la prestación de los servicios de telefonía, Internet
y video, en el marco de lo que se conoce como triple play.
Sin
embargo, el dinamismo en la demanda de los distintos productos
basados en sistemas de telefonía por Internet se reserva
por ahora al mercado empresarial. Según la consultora
Prince & Cooke, en el segmento de las grandes empresas "el
grado de adopción creció un 60% entre el 2005
y el 2006."
¿De
qué hablamos cuando hablamos de VoIP?
Para
entender como funciona la telefonía electrónica
y qué empresas compiten en este mercado, es necesario
distinguir en primer lugar lo que se llama voz sobre IP -VoIP-
de los servicios de telefonía sobre IP -ToIP-.
"El
servicio de telefonía sobre IP o ToIP ya funciona con
normas claras y brinda calidad de servicio", comenta para
PNC Ariel Barlaro, director de Convergencia Research. Entre
los prestadores de este servicio aparecen empresas de telefonía
como Telmex, Iplan y Telecom, que anunció su entrada
en este segmento el año pasado.
En
cuanto a los servicios de VoIP, las prestaciones y los actores
permanecen todavía diversificados. Por un lado, existen
los sistemas de mensajería vía web, como MSN o
Skype, que fue comprado por el gigante norteamericano e-Bay
y que además de establecerse en Brasil ha sumado a la
Argentina en su mapa. Barlaro asegura que estos servicios "si
bien empezaron con un impulso débil, en los últimos
tiempos se han sofisticado y se popularizaron".
En
segundo lugar aparecen las redes privadas de VoIP, cuyo crecimiento
se evidenció en el sector corporativo, especialmente
a partir de la devaluación y el resurgimiento de proyectos
establecidos en el interior del país. Esta modalidad
permite crear canales particulares con enlaces directos entre
los distintos puntos de la red. A este tipo de servicio se suman
también las grandes empresas multinacionales y ciertas
unidades estatales, como la Cancillería, que desarrolló
un ambicioso proyecto para unir las diferentes embajadas a través
de sistemas de VoIP y así recortar los costos de telefonía
tradicional.
Finalmente,
una de las modalidades más difundidas, especialmente
entre usuarios domiciliarios es la de voz sobre banda ancha
(VoB). Aquí los proveedores son, en su mayoría,
empresas de cable como el grupo Prima, la firma de Internet
del Grupo Clarín -que brinda VoIP bajo el nombre de Vontel-
o Fibertel, de CableVisión. El servicio puede funcionar
a través de la PC mediante un programa llamado "softphone"
o con un aparato de teléfono tradicional que convierte
la voz a paquetes de datos. "El boom de la telefonía
IP llega a través del cable porque, por primera vez,
los proveedores ven la posibilidad de competir con las telefónicas
brindando un servicio de menor costo", afirma Barlaro.
Este segmento se ve potenciado por la alta penetración
del cable en nuestro país.
Empresas
de telecomunicaciones, prestadores de televisión por
cable, desarrolladores de software: todos parecen estar en condiciones
de brindar telefonía por Internet.
Cada
cual atiende su juego
Es difícil establecer en qué plazos la telefonía
tradicional será reemplazada, pero los indicadores parecen
anunciar que se trata de un camino de ida.
Las dos empresas de telecomunicaciones que explotan el servicio
público de telefonía en el país continúan
diversificando sus negocios. La telefonía básica
es cada vez menos rentable en relación al ritmo de crecimiento
de la prestación de otros servicios, como conexión
a Internet de banda ancha y telefonía celular.
En
2001 había 8.400.000 líneas fijas en uso, cifra
que bajó los años siguientes y recién logró
recuperarse en 2005, para Prince & Cooke. Al mismo tiempo,
las líneas móviles en uso pasaron de 7.200.000
en 2001 a 18.300.000 en 2005, mientras que los clientes de banda
ancha aumentaron de 97.000 a 810.000 en los respectivos años.
En
lo relacionado a la telefonía sobre protocolo IP, Telecom
sigue asumiendo la iniciativa públicamente desde el año
pasado: "en noviembre de 2005, Telecom ha dado el primer
paso para la conversión de sus redes a la llamada Red
de Nueva Generación (NGN, según las siglas del
idioma inglés), inaugurando esta red de disrupción
tecnológica, en 1.000 clientes ubicados en cuatro ciudades
del interior de esta misma Provincia de Tucumán",
declaró Luis Perazo, director de Comunicaciones y Relaciones
Externas de la empresa, en la audiencia pública realizada
en San Miguel de Tucumán el pasado 18 de mayo.
Estas pruebas se extienden a algunos barrios de Buenos Aires
y a la ciudad de Mar del Plata. Los servicios que ya se brindan
con la tecnología VoIP incluyen telefonía básica,
servicio de tarjetas prepagas y casillas de mensajes, a los
que podrían adicionarse los de red privada virtual, línea
de consumo restringido y servicio de 0800 y 0810.
Si
sumamos una política activa en los nuevos negocios a
la infraestructura de la red existente que poseen, es claro
que Telecom y Telefónica no planean rezagarse.
Todos
para uno… ¿y uno para todos?
Las
tibias iniciativas destinadas a proveer un servicio telefónico
(tradicional) universal se diluyeron en debates entre el sector
público y privado, acerca de quién debía
financiar estos proyectos en las zonas no rentables. Las compañías
telefónicas, que ya desde los pliegos de privatización
están obligadas a brindar el servicio, siempre argumentaron
que había una franja del mercado deficitaria que debía
ser subsidiada para poder acceder al servicio.
El
esquema de distribución de la riqueza se traduce en marcadas
desigualdades a la hora de acceder a una línea telefónica
básica. En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense
hay 38 teléfonos cada 100 habitantes, mientras que en
las provincias de Cuyo el índice es del 16% y en el Noreste
-Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones- apenas alcanza el 7
por ciento.
Parece
difícil sostener todavía que una tecnología
puede por sí misma democratizar su uso. Al respecto,
la Fundación Vía Libre planteó a PNC que
con la telefonía electrónica "estamos frente
a las mismas posibilidades de brindar servicio universal que
con la telefonía tradicional". Existen ventajas
comparativas en cuanto a los costos de la infraestructura telefónica,
pero la dificultad reside en el control del flujo de la comunicación
(los enlaces de red), que constituyen barreras de entrada muy
importantes para los nuevos jugadores.
El
problema es claro, y desde la Fundación Vía Libre
lo plantean sin rodeos: "no hay una política nacional
de comunicación que se plantee objetivos, vamos a llegar
a cada hogar, no vamos a llegar, se van a subsidiar locutorios…
El sistema de comunicación nacional está mal diseñado
al igual que el de ferrocarriles; es radial con respecto al
puerto y las troncales siguen este viejo esquema."
Al
consultar sobre la política pública en el área,
la respuesta desde la Comisión Nacional de Comunicaciones
a PNC se limitó a considerar que "la tarea consiste
en hacer cumplir la normativa vigente y controlar que los prestadores
del servicio de telefonía electrónica no cobren
por el servicio", ya que no cuentan con una licencia de
explotación para brindarlo.
En este contexto, los servicios de telefonía electrónica
se presentan como una alternativa viable para universalizar
el acceso, pero la falta de debate público y el silencio
estatal en cuanto a regulación dejan que, una vez más,
sea la lógica de la rentabilidad la que regule la expansión
del nuevo dispositivo.
Triple
Play en Córdoba
Fuente: Prensario TV & Cable
Fecha: 24/05/2006
Una cooperativa cordobesa se convirtió en el primer
operador en la Argentina en ofrecer los servicios de televisión
por cable, telefonía básica e Internet, por una
misma red.
Se trata de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
de Hernando, un pueblo de 12 mil habitantes al sur de la provincia,
y a 150 kilómetros de la capital cordobesa.
Esta cooperativa estrenó días atrás el
servicio de Triple Play: TV por cable, teléfono e Internet,
todo por una misma red y operada por la misma institución.
La empresa Boiero SA fue la encargada de la ingeniería
de diseño, construcción, provisión de todos
los materiales y puesta en marcha del sistema.
'La red de Hernando llevó dos años en desarrollarse,
y una inversión de 2 millones de pesos para abastecer
a 200 manzanas, con 12 mil habitantes', precisó Osear
Oreschia.
Esta red que se construyó es bidireccional y multiservicios,
y tiene una capacidad ilimitada para la transmisión de
datos. Se puede utilizar también para control de alumbrado
público, mediciones a distancia, subestaciones de electricidad,
servicios de alarma domiciliaria y monitoreo de la vía
pública con cámaras', destacó el titular
de la cooperativa.
'Hoy hay 145 cooperativas en todo el país en condiciones
de comenzar a aplicar esta tecnología y ofrecer una red
de multiservicios. En los próximos años una importante
masa de cooperativas podrían ingresar al Triple Play',
subrayó Rodolfo Santecchia, presidente de la Cámara
de Cooperativas, quien anticipó que 'en las localidades
cordobesas de Pozo del Molle, Las Varillas y Arroyito, ya están
reconvirtiendo sus redes y en los próximos 18 meses estarán
en condiciones de aplicar esta tecnología'.
Además de la cooperativa de Hernando, existen otras dos
experiencias similares, en Venado Tuerto (Santa Fe) y en Exaltación
de la Cruz (Buenos Aires), aunque no llegan a ser las mismas
operadoras las propietarias de la red.
Algunos datos técnicos sobre las características
de la red de Hernando, aportados por la empresa Boiero SA -que
está también realizando algo similar con la red
de la ciudad de Arroyito- son detallados por el Ing. Adrián
Oberto:" La red es HFC y por supuesto bidireccional, consta
de un anillo de fibra óptica que alimenta 6 nodos estratégicamente
distribuidos, posee redundancia de receptores y transmisores
ópticos tanto en upstream como downstream como así
también redundancia de fibras, todo ello junto con las
fuentes Stand By permite la máxima seguridad para evitar
la salida de servicio del sistema, característica fundamental
en una red con telefonía. El ancho de banda es de 870
MHz; en la red coaxil cada nodo se divide en 4 subnodos con
una cascada promedio de 2 amplificadores y máxima de
3'.
Edenor
cambia su estatuto para entrar en telecomunicaciones
Fuente: El Cronista
Fecha: 24/05/2006
Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país,
quiere sumarse al lote de empresas de energía que amplía
su negocio hacia las telecomunicaciones. La compañía
propondrá en la próxima asamblea de accionistas,
el 7 de junio, la modificación de su estatuto para incluir
en su objeto social la prestación y comercialización
de servicios de telecomunicaciones por su cuenta o asociada
a terceros, o mediante el alquiler de sus instalaciones.
"El cambio se debe a que el estatuto nos encorseta. Cuando
estén listas las modificaciones vamos a tener capacidad
para hacer más negocios", explicaron desde la firma
que pertenece en un 65% a Marcelo Mindlin, titular del grupo
Dolphin.
La empresa ya había incursionado en ese terreno en 2001.
En manos de Electricité de France, hizo una prueba para
ofrecer acceso a Internet mediante enchufes, y preveía
extenderlo a escuelas y empresas. Pero la iniciativa no prosperó.
El principal activo de Edenor para entrar al negocio es su red.
A diferencia de Transener, que también entró al
negocio y tiene infraestructura para transporte troncal, la
distribuidora cuenta con un tendido capilar que brinda servicio
a más de 2,2 millones de clientes en el norte de la Capital
Federal y el noroeste del Gran Buenos Aires. Eso le permitiría
llegar con telefonía hasta el hogar, algo que no pueden
hacer otras firmas, como TGS, que también ingresó
al sector.
En Edenor todavía no saben cuál es la viabilidad
económica del proyecto, pero encargaron estudios técnicos
para determinar las adaptaciones que deberían hacer en
su infraestructura.
"Un criterio económico orienta este tipo de decisiones:
hay infraestructura que puede soportar más servicios
de los que tiene en un determinado momento, como la red eléctrica",
señalan fuentes familiarizadas con este tipo de proyectos.
Una vez que la modificación del objeto social esté
aprobada, Edenor deberá hacer trámites en el ENRE
(el regulador eléctrico) y la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), que deberá otorgarle la licencia.
Ensanchar el negocio
Con tarifas congeladas y pesificadas tras la devaluación,
las empresas de servicios públicos eligieron explotar
negocios alternativos. En el caso de las compañías
de energía, de a poco comienza a notarse una tendencia
mundial: usar sus redes para las telecomunicaciones.
Una de las pioneras fue TGS. En 1998 creó Telcosur, que
presta servicios como un carrier de carriers a operadores de
telecomunicaciones y a clientes corporativos, define la empresa.
En 2005, obtuvo mediante esa vía ingresos por 4,2 millones
de pesos.
Transener ya tiene licencia por parte de la CNC y espera que
el ENRE le apruebe la modificación de su estatuto en
los próximos meses.
Metida de lleno en el negocio, la cordobesa EPEC sienta uno
de los precedentes más claros de este nuevo filón.
El área de telecomunicaciones se convirtió en
una unidad separada desde agosto de 2005 y hoy tiene 1.000 teléfonos
públicos, vende 10.000 tarjetas telefónicas por
mes y trafica un millón de minutos de Internet gratis
(la líder en la provincia, FullZero, mueve 16 millones).
También lanzará ese servicio en Buenos Aires.
Las cooperativas eléctricas desde 1998 pueden optar por
dar telefonía. Ya hay 40 que brindan servicios de telecomunicaciones,
de las 330 que integran el mercado telefónico. Y Adalberto
Boccoli, presidente de la Federación de Cooperativas
Telefónicas (Fecotel), anticipó que las eléctricas
provinciales están invitadas a participar de Comarcoop,
la operadora celular que quiere montar el sector a partir de
las frecuencias que libere Movistar, iniciativa que cuenta con
apoyo oficial.
"Los W" entrarían
también en radios
Fuente: Ambito Financiero
Fecha: 24/05/2006
En
pocos días más se anunciaría de manera
formal el ingreso del grupo "Los W" de la familia
Werthein a "Canal 9". La operación, sin embargo,
se habría modificado porque los principales accionistas
de La Caja, dueños de 50% de Telecom Argentina y socios
minoritarios del Standard Bank (fruto de la compra del BankBoston),
no sólo entrarían en el canal que controla Daniel
Hadad, sino que además adquirirían 30% de todo
el grupo.
En otras palabras: la operación incluiría partes
de las radios del empresario periodístico ("Radio
10", la AM más escuchada; "Mega", de rock
nacional; "Amadeus", de música clásica)
y del diario "Infobae", los principales activos del
grupo.
La alianza entre el grupo de los Werthein y Hadad se extendería
a otras áreas de negocios, como por caso la provisión
de contenidos a través de los móviles de Personal,
la empresa de telefonía celular de Telecom. La semana
pasada, en diálogo con Ambito Financiero, Hadad había
admitido que estaba manteniendo conversaciones con los Werthein,
pero las limitó a los negocios de contenidos por telefonía.
Hadad se quedó con 100% del canal tras comprarle su parte
(50%) al ex banquero Raúl Moneta, por la que pagará
en cuotas u$s 30 millones; la entrada de los Werthein a la sociedad
-por un monto que aún no trascendió- le permitiría
al empresario hacerse de al menos parte del efectivo necesario
para saldar esa deuda, contraída además -al menos
en parte- con el Banco Macro que financió la operación.
En cambio, parece menos comprensible el ingreso de este grupo
financieroindustrial a un grupo de medios, sobre el que además
no ejercerá control alguno, ni artístico ni administrativo.
Con el paso de las semanas se revelarán seguramente los
pormenores de esta operación que -de nuevo-modificará
el mapa de medios.
El
Gobierno despeja la TV abierta para Telefónica
Fuente: Convergencia Telemática
Fecha: 22/05/2006
En el mercado de la TV abierta se esconden operaciones para
regularizar el control de los canales. Un ejemplo es Telefónica,
que opera en este sector sin autorización oficial, ya
que el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer)
aún no dio el visto bueno a la transferencia de Telefé
y varios canales del interior a su nombre. Sin embargo, el Gobierno
comenzó a despejar el camino para que el grupo español
pueda "blanquear" sus participaciones.
Otro caso es la presencia de Raúl Moneta en Canal 9,
un tema que ya estaría resuelto según afirman
en el Comfer, porque el banquero finalmente habría vendido
el 50% que tenía en la emisora; aunque hay dudas respecto
de si realmente se desprendió de esas acciones, y algunos
especulan con que de todos modos estaría participando
en el canal aunque con bajo perfil, (ver "El enigma Moneta")
Sin resolución, por el momento. A mediados de 2001, Telefónica
anunció que había sido "autorizada por el
Gobierno la compra del principal grupo de medios audiovisuales
de la Argentina". Por entonces, pocos repararon en que
se hacía referencia a la intervención de la Secretaría
de Defensa de la Competencia, cuya participación es a
los fines de evitar que haya monopolio. La secretaría
puso como requisitos que Telefónica se desprendiera de
un canal en Buenos Aires y otro en Mar del Plata, para que no
tuviera dos emisoras en la misma localidad, tal como establece
la Ley de Radiodifusión vigente. Pero esa normativa señala
que el Comfer es el organismo que debe autorizar las transferencias
en los canales de TV, situación que todavía no
resolvió en los casos de Telefónica, pese a que
se trata de trámites que llevan varios años en
sus cajones.
Sus canales todavía están a nombre de otras sociedades:
Telefé pertenece a Televisoras Provinciales y Enfisur;
Canal 8 de Tucumán, a Televisora Tucumán; los
canales 5 de Rosario, 8 de Mar del Plata, 13 de Santa Fe y 9
de Bahía Blanca, a la Compañía de Televisión
del Atlántico; y el Canal 11 de Salta, a la Compañía
de Televisión del Noroeste.
En 2001, Telefónica solicitó el traspaso a su
nombre de las acciones de Telefé que estaban en manos
de Atlántida Comunicaciones (ATCO). En este caso, pidió
una prórroga para la entrega de información al
Comfer y no ha conseguido todavía la autorización
de esta operación. Posteriormente, en agosto de 2004,
Telefónica inició otro expediente en el Comfer
para la absorción de las tres licenciatarias que controlan
a los canales del interior. Pero gestionó una prórroga,
luego de que el organismo le pidiera documentación adicional,
cuestión que todavía no fue resuelta.
La adaptación. A través de la modificación
de leyes, el Gobierno empezó a allanar el camino para
que Telefónica regularice su situación en el mercado
de TV abierta. Según la Ley de Bienes Culturales (25.750/03),
el grupo español tendría vía libre para
controlar a Telefé y los canales del interior por haber
presentado la transferencia de esos activos antes de la sanción
de esa normativa. A la vez, fuentes consultadas por Convergencia
comentaron que si bien se anunció que la Ley 26.053/05
era para beneficiar a las organizaciones sin fines de lucro,
los cambios favorecieron a Telefónica, ya que le permitirían
"blanquear" la propiedad de sus emisoras.
Para sostener este argumento citan al inciso "f" del
nuevo artículo 45, que dice que para ser titular de una
licencia se contemplan los casos en "que los contratos
de transferencia de la titularidad de la licencia hayan sido
celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 25.750 (de Bienes Culturales), y que se encuentren
aprobados en la Comisión de Defensa de la Competencia".
Precisamente, esa sería la situación de los canales
de Telefónica. De todos modos, habría que esperar
a la interpretación que el Comfer haga de la reglamentación
de esa ley, ya que en la nueva normativa se sostiene que los
prestatarios de servicios públicos no pueden ser titulares
de licencias de radiodifusión, situación en la
que entra Telefónica. A la vez, el decreto de privatización
de la ex Entel, también impide que las dos licenciatarias
de telefonía brinden servicios de radiodifusión
(Ver Convergencia Telemática N° 122).
En 1999 comenzó la separación de bienes entre
Telefónica y Moneta, cuando la empresa española
se sacó de encima a los socios locales en varios países.
Por entonces, Moneta tuvo que renunciar como director de Telefónica
Internacional y dividió todos los bienes con Telefónica
de Argentina. Ahora, ambos están bajo la lupa del Comfer.
El enigma Moneta
Raúl Moneta había iniciado un expediente ante
el Comfer para comprar el 50% de Canal 9 a Daniel Hadad. Pero
en el organismo aseguran que el polémico banquero retiró
los papeles, poco tiempo antes de que el Comfer emitiera un
dictamen negativo, porque sospechaba que la respuesta le sería
desfavorable.
La presencia de Moneta en Canal 9 genera repercusiones. El ex
diputado mendocino Gustavo Gutiérrez -enemigo del banquero
y ex candidato a vicepresidente por el ARI- estuvo muy cerca
de presentar una denuncia penal contra las autoridades del Comfer
por incumplimiento de los deberes de funcionario público,
debido a que no resolvían esta cuestión. "Finalmente,
no presentamos la acción judicial porque eran vísperas
de elecciones y no queríamos hacer una operación
política con ésto", dijo Gutiérrez.
Pese a ello, el ex diputado sospecha que Moneta aún participa
en Canal 9 y que el Gobierno trata de ocultar eso. Uno de sus
argumentos es que el hijo del banquero todavía tiene
un cargo gerencial en la emisora. Por tal motivo, Gutiérrez
impulsa que se continúe investigando este caso.
Los movimientos de Moneta irían más allá
de Canal 9. Asesores del Comfer creen que también sería
dueño de Radio Belgrano y socio de los Vila en América
Multimedios. El grupo mendocino tampoco registró ante
el Comfer su presencia en este holding que, entre otros, controla
a América TV.
Fallo
sobre TV por cable
Fecha: 12/05/2006
Fuente: Clarín
La
Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de una cooperativa
de Jujuy para concentrar el servicio telefónico de radiodifusión
en cabeza de un mismo operador.
El fallo votado esta semana consideró "clandestino"
el servicio de televisión por cable que brinda la Cooperativa
Telefónica de General San Martín, a 100 kilómetros
de San Salvador de Jujuy.
La Asociación Argentina de Televisión por Cable
(ATVC) señaló que la decisión "sostiene
la ilegalidad de que las empresas de servicios públicos
accedan a radiodifusión".
También recordó que Teleaudio obtuvo del Comité
Federal de Radiodifusión (COMFER) la licencia para operar
en General San Martín y localidades vecinas. "Teleaudio
es una pyme pionera de los servicios de cable que veía
peligrar su existencia por la práctica anticompetitiva
prebendaria de la Cooperativa Telefónica", sostuvo
ATVC.
La Cámara Federal de Salta ya había considerado
"ilegal" el servicio de tevé por cable de la
cooperativa.
Con su fallo, la Corte Suprema avaló la reforma del artículo
45 de la Ley de Radiodifusión.
Reconocimiento
legal de radios comunitarias
Fuente: www.farco.org.ar
Fecha: 11/05/06
Después
de quince años de lucha, las radios de FARCO (Foro Argentino
de Radios Comunitarias) obtienen su reconocimiento legal. El
Comité Federal de Radiodifusión, mediante la Resolución
Nº 753/06, reconoció a 126 radios comunitarias que
se encuentran funcionando y cuyos titulares son personas jurídicas
sin fines de lucro.
La Resolución del COMFER firmada el viernes último
establece que se reconoce la titularidad de la licencia a las
entidades sin fines de lucro inscriptas en el censo de diciembre
pasado en las condiciones técnicas declaradas.
Por tanto, el reconocimiento no establece límites de
potencia, ni ninguna otra exigencia más que mantener
lo declarado por las propias radios en diciembre.
A este reconocimiento se llega después de largas gestiones
que en unos pocos casos implicaron el cambio de frecuencia de
las radios para posibilitar un lugar en el dial sin interferencias.
La tramitación en el COMFER se inició después
de haber obtenido los fallos de inconstitucionalidad de la Ley
por parte de la Corte Suprema de Justicia y la posterior modificación
del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión. En
diciembre pasado -a pedido de FARCO- el COMFER realizó
un Censo de las emisoras de entidades sin fines de lucro que
estaban en el aire y en estos meses se avanzó en la determinación
sobre la viabilidad de uso de cada frecuencia para su asignación.
La titularidad de las licencias se mantendrá hasta que
termine en el país el "proceso de normalización"
del espectro radioeléctrico con los correspondientes
concursos o llamados para adjudicación directa (cuando
se trate de emisoras de menos de 1KW en zonas no conflictivas).
FARCO celebró este reconocimiento de sus radios asociadas
que ahora son ahora "legales". Por primera vez el
Estado argentino otorga autorizaciones a organizaciones sociales
para ser titulares de servicios de radiodifusión.
FARCO anunció esta Resolución del COMFER como
un triunfo y ratificó que seguirá trabajando para
conseguir una nueva ley de radiodifusión.
Crearon
la comisión que elegirá el estándar de
TV digital
Fuente: radiodifusiondata.com
Fecha: 08/05/06
El
Secretario de Comunicaciones, Arquitecto Carlos Lisandro Salas,
creó a través de la Resolución 4 la "Comisión
de Estudio y Análisis de los Sistemas de Televisión
Digital", que recomendará mediante un dictamen "no
vinculante" el estándar técnico más
conveniente para la República Argentina.
Según lo dispone el artículo 1º de la Resolución
4, publicada en el Boletín Oficial el 4 de mayo, la propia
Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de
Medios de Comunicación, la Subsecretaría de la
Gestión Pública, el COMFER, la CNC, la Asociación
de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Asociación
de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), deben designar
un representante para integrar dicha Comisión.
Por su parte, el artículo 5º de la norma le exige
al grupo de trabajo expedirse en un plazo de 15 días
a partir de su constitución, a los efectos de elaborar
un informe final que será elevado al Ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De
Vido, y al Jefe del Gabinete de Ministros Alberto Fernández.
Para ello, sus integrantes deberán comparar los tres
estándares existentes (ATSC, ISDB y DVBT), evaluando
las variables "inversión", "generación
de empleo" y "transferencia tecnológica y pagos
de royalties".
De esta forma, se formaliza la revisión del estándar
estadounidense ATSC adoptado en 1998 por el menemato. Como también,
el anuncio ocurre en momentos en que Brasil, el socio mas importante
del país en el MERCOSUR, se apresta a anunciar la aprobación
del sistema japonés ISDB.
Comenzó
a transmitir por Internet la agencia de noticias de los no alineados
Fuente: portal de la Unión de Periodistas de Cuba
(http://www.upec.cu)
Fecha: 27/04/06
Kuala
Lumpur, 27 de abril (ANC-UTPBA).- La NAM News Network (NNN),
destinada a difundir entre los medios del Movimiento de Países
No Alineados (NOAL) las principales informaciones de interés
mutuo, comenzó recientemente sus transmisiones en inglés
a través Internet.
Este proyecto, acordado por la Conferencia de Ministros de Información
NOAL celebrada en noviembre del pasado año en Kuala Lumpur,
Malasia, fue puesto en marcha a través de la página
web: www.namnewsnetwork.org
El nuevo servicio, patrocinado por la agencia de noticias malasia
BERNAMA (con sede en Kuala Lumpur), sigue los pasos anteriores
del Pool de Agencias de Noticias de los Países No Alineados,
adaptándose a los nuevos requerimientos de la información
mundial.
En una primera etapa, el sitio contiene reportes de varias agencias
pertenecientes a ese grupo, entre ellas Prensa Latina.
La NNN contempla la difusión de despachos remitidos por
esos medios relativos a los principales acontecimientos políticos,
económicos, culturales y deportivos de los países
NOAL con vistas a enriquecer el flujo informativo mundial, monopolizado
por los grandes consorcios transnacionales.
Otro de los propósitos de este proyecto es diseminar
informaciones que sirvan para expandir los lazos comerciales
y la colaboración económica entre los miembros
del Movimiento, los cuales concentran menos del 20 por ciento
de las exportaciones y menos del 15 por ciento de las importaciones
mundiales.
En su política editorial, la NNN se ha fijado exigentes
metas relativas al seguimiento de rigurosos principios éticos
y periodísticos, además de un estilo objetivo
que contribuyan a estos fines, por los cuales lucha el Movimiento
No Alineado desde su fundación en 1961 (ANC-UTPBA).
(*) Nota publicada por el
Brasil
y Japón suscriben acuerdo sobre TV digital
Fuente: Produ.com
Fecha: 19/04/2006
Brasil y Japón firmaron un memorando en el que el Gobierno
brasileño expresó el "fuerte deseo"
de su país de adoptar el formato de televisión
digital japonés (ISDB-T).
A pesar de que la firma del acuerdo fue vista como una muestra
de interés, la decisión final sobre la norma que
adopte Brasil aún está en manos del presidente
Luiz Inacio Lula da Silva, quien deberá elegir entre
la norma europea (DVB-T), la estadounidense (ATSC) y la japonesa
(ISDB-T).
En el documento firmado por el ministro de Asuntos Exteriores
brasileño, Celso Amorim, y su colega japonés,
Taro Aso, el país oriental se compromete a ayudar a la
implantación en Brasil de un sistema basado en la norma
ISDB-T, pero abierto a futuras innovaciones técnicas
brasileñas.
"Los formatos de televisión digital están
monopolizados por europeos y estadounidenses. El memorando marca
una nueva etapa en el avance de la tecnología japonesa",
señaló el titular nipón de Economía,
Comercio e Industria, Toshihiro Nikai, quien agregó que
"si el patrón japonés es adoptado por Brasil,
nuestra tecnología digital podría difundirse en
otras naciones de Latinoamérica".
En las negociaciones que seguirán en torno al sistema
de televisión digital que se aplicará en Brasil,
japoneses, europeos y estadounidenses aspiran a un mercado de
190 millones de habitantes y 70 millones de televisores.
"El fondo Fintech es casi un socio
de Clarín en Multicanal"
Fuente: Diarios sobre Diarios
Fecha: 20/04/06
El
diario El Cronista publicó ayer una nota titulada "Fintech
le compra deuda a Huff para que Multicanal avance con su APE".
El periodista Martín Bidegaray señaló que
"una jugada de Fintech, el fondo que pilotea David Martínez,
podría ayudar a destrabar el Acuerdo Preventivo Extrajudicial
(APE) de Multicanal, la operadora de cable controlada por el
Grupo Clarín, que aún enfrenta inconvenientes
en la Justicia de Estados Unidos". Añadió
que "Fintech -que le vendió un 25% de CableVisión
al holding argentino- ya era acreedor de Multicanal y votó
a favor de la propuesta de reestructuración. Ahora, a
través de Fimex International Limited, se quedó
con u$s 163,6 millones de títulos de deuda de la operadora
que estaba en manos de Huff, otro fondo que no había
aceptado el APE. También sumó u$s 25 millones
de pasivo que estuvo en manos del Deustche Bank. De esta forma,
Fintech ya posee cerca del 56% de la deuda de Multicanal, con
pasivos superiores a los u$s 300 millones". En otro párrafo,
consideró que "con 56% de la deuda de Multicanal
en sus manos, Fintech se vuelve casi un socio del grupo Clarín
en la operadora". Y añadió que "con
un 20% de CableVisión y un porcentaje idéntico
o mayor en Multicanal, el fondo queda bien posicionado para
una eventual fusión entre ambas empresas. Aunque en Clarín
no hablan del tema, en el mercado se dice que están buscando
esa unión".
Cambios
en la empresa satelital estatal
Fuente: Clarín
Fecha: 12/04/06
A
fines de junio o principios de julio, el Gobierno ampliaría
el capital de la flamante empresa satelital Arsat. En la Casa
Rosada estudiarían llamar a concurso público para
emitir acciones clase B, que se quedarían en manos de
quien haga la mejor oferta. Los funcionarios que estudian este
tema descartarían que la decisión modifique el
perfil accionario de la flamante Arsat, la S.A. satelital cuya
creación acaba de ser ratificada por el Congreso. Dicen
que sólo se trata de una ampliación de capital
y no de una venta de acciones que pudiera poner en riesgo la
mayoría accionaria estatal.
Los diputados de la oposición Lucio Godoy y Daniel Kroneberger
cuestionaron la idea. Recordaron que cuando el secretario de
Comunicaciones, Guillermo Moreno, acudió al Congreso
a explicar esta iniciativa sostuvo que Arsat puede funcionar
con 220 millones de dólares y que por lo tanto no se
explicaría cómo el Estado mantendría la
mayoría en esta sociedad anónima poniendo sólo
50 millones de pesos.
Funcionarios consultados por Clarín sostuvieron que aunque
hubiera ampliación de capital en esta compañía,
la clave que garantizaría la mayoría accionaria
en manos estatales sería la categoría de las acciones.
Es que las que posee el Estado Nacional son del tipo A y, según
los mismos funcionarios, son las únicas que contarían
a la hora de votar en la sociedad decisiones estratégicas
como, por ejemplo, si se compra un satélite en la Argentina
o en otro país.
De todos modos, las acciones tipo B equivaldrían a 5
votos mientras que las tipo A a sólo un voto. Para Godoy
"implicaría abrir la puerta para que Arsat se convierta
en una empresa de capitales extranjeros". Sin embargo,
en la Rosada sostienen que las acciones B sólo tendrían
más peso que las A en cuestiones operativas o de comercialización.
Una de las principales objeciones que había recibido
la creación de Arsat en el Congreso fue que el texto
enviado por la Casa Rosada no especifica que Arsat tenga la
obligación de comprar los satélites que utilice
en el INVAP. La ministra de Economía, Felisa Miceli,
lo visitó hace 15 días para ver en vivo y en directo
cómo se construyen radares y reactores por un valor anual
de 65 millones de dólares.
Morgan
Stanley y el fondo Huff le ponen a Impsat el cartel de venta
Fuente: El Cronista
Fecha: 11/04/06
No es la primera vez que la firma promueve un acercamiento de
sus competidores. Slim había analizado sus números
en el pasado, pero se había alejado por el precio. Mencionan
a Telefónica, Telmex y Comsat como las candidatas a comprar
la empresa.
Las versiones de venta vuelven a cernirse sobre Impsat, la empresa
de telecomunicaciones que creó el grupo mendocino Pescarmona
en 1988 y creció al calor de la burbuja tecnológica,
hasta extenderse hacia el mercado norteamericano. Según
informó ayer el diario brasileño Valor, que cita
a fuentes vinculadas con la negociación, la compañía
contrató a Goldman Sachs para que la asista en el proceso.
El periódico asegura que los interesados deberán
presentar propuestas en las próximas semanas.
La publicación cita como posibles candidatas para la
compra a Telmex, Telefónica y Comsat, todas ellas con
filiales en la Argentina. En las empresas aseguraron que, de
existir interés, las tratativas son conducidas desde
las casas centrales.
Sin embargo, fuentes de Comsat aseguraron a El Cronista que
la compañía norteamericana realizó un due
diligence (auditoría) a fines del año pasado sin
tener un interés concreto en la operación. Es
usual, cuando una empresa se pone en venta, que sus competidores
aprovechen para mirar sus números.
En cambio, no es la primera vez que Telefónica y Telmex
fueron mencionadas. De hecho, esta última tuvo un acercamiento
hace unos años, aunque se abrió por no estar de
acuerdo con el precio de venta.
Al ser consultadas, fuentes de Impsat dijeron que no tenían
nada que informar. "Al ser una compañía pública,
en caso de que haya novedades serán comunicadas oportunamente
de manera oficial", añadieron desde el grupo.
La firma -que opera en siete países latinoamericanos
y en Estados Unidos- pasó por varias manos desde su nacimiento.
Afectada por la crisis del sector, entró en concurso
de acreedores en Estados Unidos en 2002 y el 25 de marzo de
2003 emergió de ese proceso. Lo hizo tras reestructurar
su pasivo, que disminuyó de u$s 1.000 millones a u$s
261 millones. En el camino, quedó Enrique Pescarmona,
quien dejó la empresa en manos de los tenedores de la
deuda W.R. Huff Asset Management y Morgan Stanley y la proveedora
Nortel.
En noviembre de 2004, ésta última le vendió
a las dos primeras deuda garantizada y convertible en acciones
por un valor nominal de u$s 147 millones. Por el intercambio,
habría recibido aproximadamente el 80% de su valor, unos
u$s 117 millones.
En aquel momento, se especuló con que la movida de los
fondos de inversión estaba orientada a mejorar su participación
en la compañía, para luego volver a la carga con
la venta de la tecnológica.
Concentración
Impsat, que se distrajo viendo los números de AT&T
cuando Telmex llegó al país de compras en 2003,
no la tiene fácil. En un mercado que se concentró
en los últimos años en pocos jugadores y que está
atravesando un recambio tecnológico (hacia el protocolo
de Internet para las comunicaciones) su ventaja competitiva
es difícil de identificar.
Al igual que otros operadores independientes, como Iplan, se
concentró en los mercados metropolitanos, que ya tenían
tendido de red. Otra semejanza con sus competidores directos
(incluyendo a la propia Telmex) es que apunta al segmento corporativo.
Bolivia obtendrá el 5% de Telesur
Fuente: EUROPA PRESS
Fecha: 06/04/06
Bolivia
obtendrá un 5 por ciento de las acciones del canal venezolano
que emite para toda latinoamérica 'Telesur', después
de que entre el 19 y 20 de abril se firme un acuerdo en Asunción
(Paraguay) entre los presidentes de ambas naciones, Evo Morales
y Hugo Chávez.
El acuerdo se firmará en el marco de una reunión
prevista entre ambos con el presidente de Paraguay, Nicanor
Duarte, así como el de Uruguay, Tabaré Vázquez,
en la que se trataran temas de interés común para
los cuatro países, según recoge la Agencia Boliviana
de Noticias.
Esta iniciativa fue ratificada por el ministro boliviano de
la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el presidente
de 'Telesur', Andrés Izarra, quienes hicieron pública
la decisión en una carta firmada por ambos.
Con la compra del 5 por ciento de las acciones de 'Telesur',
que comenzó a emitir el pasado 24 de julio de 2005, Bolivia
recibirá también asistencia técnica y cooperación
con la televisión pública boliviana, 'Canal 7'.
Además pasará a formar parte de la iniciativa
junto con Venezuela, que posee el 51 por ciento de las acciones,
Argentina, que posee un 20 por ciento, Cuba (19%) y Uruguay
(10%).
