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La punta del ovillo. El conflicto en Canal 7 y las políticas de medios
Por Cecilia Labate y Juan Manuel Meiriño
Especial para Mensuario PNC

Hay un tema que quedó al margen de la agenda gubernamental desde hace tiempo: las políticas de medios. El conflicto que se vive en canal 7 por el levantamiento del programa "Visión 7, Edición Especial", que se emitía los domingos a las 21 horas, es un claro ejemplo de ello. Después de 14 semanas de la última salida al aire, Ricardo Palacio, el interventor del Sistemas Nacional de Medios Públicos (SNMP), sólo se limita a afirmar - a través de comunicados o voceros oficiales - que "se trata de una disputa gremial en el cual la intervención no tomará partido".

El conflicto estalló el 1° de agosto cuando la Gerente de Noticias y no-ficción, Ana De Skalon, decidió que la realización del ciclo conducido por los periodistas Pablo Feldman, Hinde Pomeraniec, Raúl Dellatorre y Mauro Federico pasara a manos de la Unión de trabajadores de prensa de Buenos Aires (Utpba). Y desde entonces, el Sindicato Argentino de Televisión (SAT) se opuso. Es que hasta ese momento, el SAT se ocupaba de producir y emitir todos los programas que no son de noticias, mientras que los noticieros se hacían con producción de la Utpba y con apoyo técnico de la gente del SAT. A primera vista, la discusión parece centrarse en cual es el género al que pertenece "Visión 7, Edición Especial", ya que no se trata de un noticiero convencional pero tampoco de un espacio alejado de los contenidos periodísticos. Y es en esa zona gris, en la cual los sindicatos se disputan el manejo del programa. Sin embargo, ambos gremios coinciden en señalar que el verdadero eje del problema se ubica en una presunta intención de la gerencia del canal por reducir los espacios para la información y el debate político.

Pocos días después de iniciado el conflicto, De Skalon grabó un mensaje en su oficina que apareció en la pantalla chica y a través del cual acusó al SAT de "defender intereses mafiosos" y de tener "actitudes patoteriles". Además, los denunció por colocar un candado en la puerta del estudio que habría impedido la emisión del programa.

Desde el SAT, el secretario gremial Alejandro Ruiz, le respondió a la Utpba y a De Skalon, aumentando el cruce de acusaciones entre estos sectores: "Nosotros estamos a cargo de la realización integral de programas en 43 canales de todo el país y canal 7 se maneja así desde hace 30 años. La Utpba nunca hizo ninguna denuncia y es muy llamativo que comenzara a repudiar nuestro trabajo justo cuando Ana, amiga personal del presidente, asume la dirección".

"En el canal, conviven dos proyectos muy diferentes y el problema es que justamente, no se ponen de acuerdo para donde seguir", confió a este boletín una alta fuente de la señal estatal que pidió reserva de identidad. Y agregó: "En los pasillos del canal se comenta el posible desembarco de Moria Casán para la temporada 2005, un personaje que contrasta con el perfil 'serio' y 'cultural' que un canal público debería tener". De ser así, quedaría en evidencia la decisión de sumar una figura fuertemente emparentada con el privilegio por la lógica del rating y lo comercial por sobre la calidad intelectual del producto.

La Utpba, en desacuerdo con lo que sostuvo Palacio, afirmó que la lucha no se restringe a un conflicto intersindical. "Reducir el problema a los gremios como dice el gobierno es una gravísima situación de censura. Levantar el programa surgió a partir de una decisión empresaria, con la agravante de tratarse de un medio público", sostiene un panfleto que los afiliados al gremio reparten a quienes se acercan al edifico de la avenida Figueroa Alcorta.

Durante los tres meses que lleva el conflicto, hubo numerosas audiencias conciliatorias en el Ministerio de Trabajo. En ninguna se obtuvo un resultado positivo. Por ello, la dirección del 7 acaba de presentar una declarativa de certeza, es decir, un documento en donde consta toda la programación del canal para que sea la justicia quien resuelva que sindicato se hace cargo de las emisiones de "Visión 7, Edición Especial".

Pero quizás, el mayor problema este por venir. Si bien es cierto que el contexto social, político y económico no es propicio para una nueva privatización como sí lo fue una década atrás, estas peleas que se dan en el centro de un medio público, son las que alimentan al discurso privatista. Recordemos que uno de los argumentos utilizados a fines de los años ´80 para generar el consenso que habilitara el pasaje de los canales públicos a corporaciones privadas fue que éstos se tornaban inmanejables debido a los recurrentes conflictos gremiales. Lo cierto es que, ante en este tipo de cuestiones los más perjudicados son los medios públicos ya que quedan deslegitimados y se convierten en un botín de ataques continuos por parte de un sector económico que busca la rentabilidad como su objetivo de máxima.

De todos modos, la posición del gobierno de dejar el conflicto de canal 7 librado al acuerdo entre las partes o a una decisión judicial es sólo un aspecto que demuestra la falta de intervención en las políticas nacionales de comunicación. Desde que asumió el poder, el presidente Kirchner no ha propuesto una legislación clara que atienda en la materia ni ha fijado objetivos, a mediano y largo plazo, que se comprometan con las necesidades de una sociedad que no puede ejercer sus derechos si tiene limitada las posibilidades de expresión e información. A pesar de que los sectores interesados lo silencien, quizás se trate del área donde peor se esté manejando el gobierno kirchnerista. Sin una intervención activa y consecuente, se está abandonando un sector estratégico fundamental para la sociedad como es el manejo de los medios de comunicación. Y lo más grave de esta situación es que, el abandono se produce a manos de sectores que han aprovechado las ventajas de los 90's para imponer su lógica unidireccional: la del mercado.

Según Bárbaro los medios públicos son un detalle
Por Mariela Baladron y Magdalena Restovich
Especial para Mensuario PNC

El pasado martes 19 de octubre tuvo lugar en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) una mesa de debate denominada "Medios Públicos para la democracia". Julio Bárbaro, el Interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), fue uno de los expositores y aportó sus polémicas apreciaciones sobre el tema. Planteó su visión sobre el sistema de medios argentino y llegó a la conclusión de que "con este sistema de monopolio y de fractura yo no se si la discusión del 7, del canal oficial, y lo digo con toda franqueza, es sumamente interesante, pero me resulta como un detalle en una crisis que es mucho mas amplia que esa".

Los demás participantes que componían el panel fueron Damián Loreti, Director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires; Osvaldo Quiroga, periodista especializado en cultura; Roberto Saba, Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y, como moderador de la mesa, Glenn Postolsky, docente del equipo de la Cátedra de Políticas y Planificación de la Comunicación y a cargo de la materia Derecho a la Información de la Licenciatura en Comunicación Social de la UCES.

El eje del debate giró en torno a las problemáticas más urgentes de la radiodifusión en general, y dentro de ese mapa de situación se analizó la particularidad de los medios públicos. En este sentido, Bárbaro mencionó que al hablar de medios públicos nos estamos refiriendo al 1% del ráting, porque el 99% restante corresponde al mundo de lo privado. Agregó que considera al cable como el principal problema: en Argentina hay 6 millones de abonados al cable contra los 3 millones que tiene Brasil o México. Resaltó el problema de la brecha argentina entre quienes tienen cable y quienes sólo reciben una señal, lo que lo llevó a decir que la principal tarea a realizar es "limitar el poder de los privados".

En un principio Loreti redimensionó la visión de Bárbaro respecto del cable: "comparto el diagnóstico, pero el cómo llegamos hasta la foto es distinto". En primera instancia destacó que esos 6 millones de abonados se concentran en Capital, Gran Bs. As. y las principales capitales de provincia. Pero además, la comparación con Brasil y México omite que hay mayor cantidad y mejor distribución de canales comunitarios, en cuanto al alcance. El fenómeno del cable debe ser pensado en nuestro país como una necesidad, resultado del impedimento que representó el decreto 1151/84 de Alfonsín, que suspendió el otorgamiento de licencias hasta que se sancionara una nueva ley de radiodifusión que reemplazara a la de los militares. Ese es el esquema que explica la masividad del cable en Argentina "cuando digo que el esquema no sirve es porque está pensado para 37 televisoras y 80 radios. Explota el cable porque no se podían poner canales", agregó.

No se pueden dar licencias con esa ley, de hecho Bárbaro aseguró que cada vez que se saca una licitación se la frena judicialmente por el artículo 45, por lo tanto, hasta que no se legisle el COMFER "no puede hacer nada".
A esta altura se hace ineludible, justamente, la discusión respecto del artículo 45 y sus implicancias en materia de la pluralidad informativa del sistema en general. El detonador fue el reclamo de Quiroga por una "intervención severa" para con las radios "truchas": redujo el fenómeno en términos de "pura guita y puro chivo" y sostuvo que la visión comunitaria es romántica. "¿Por qué las tengo que aplaudir si no son de la cruz roja?" se preguntó.

Y obtuvo respuestas varias: primero, un integrante del público marcó la división entre lo que pasa con lo que "él conoce, el barrio de Belgrano" y el interior del país. Postolsky suscribió a esta intervención y agregó que justamente son estas emisoras del interior las que cumplen el papel de fiscalizadoras de los poderes locales.

En este sentido, Bárbaro argumentó que el ingreso no puede ser irrestricto: donde no hay radios entran todos, pero "donde ya hay muchas no puedo dar más licencias". Es que Quiroga había desatado, además, el debate en torno a la penalización. Bárbaro abogaba en pro de una legislación que marque un adentro y un afuera, una especie de punto final, que luego permita penalizar al que no se atenga a esas condiciones preestablecidas. Loreti, en cambio, reclamaba por la normalización incompleta: nunca se aprobaron ni se actualizaron las condiciones técnicas, "esa es una alternativa a abrir unas 6 mil causas penales".

Fue Postolsky quien, cerca del final, se hizo cargo de la pregunta que caía por su propio peso, pero que nadie había hecho: ¿cómo puede ser que se le renueven las licencias a grupos concentrados monopólicos que, como Telefónica, incumplieron abiertamente la normativa; y por qué no entra la radiodifusión en la discusión pública como el resto de los servicios privatizados? Aunque la respuesta más concreta fue que la licencia de Telefé aún estaba en discusión y "si no se discute aún más es porque no hay otro grupo dispuesto a comprar", Bárbaro, una vez más desvinculó del problema a la cartera que representa, llevando el problema al nivel legislativo: "la ley dice que se lo tengo que renovar por 10 años más".

Si la tarea es limitar el poder de los privados, el sector comunitario permanece aún por fuera de la ley, y los medios públicos son un detalle ¿cómo, desde dónde, se emprende esa lucha contra el poder de los privados?

Diputados aprobó modificaciones a la ley de radiodifusión
Fuente: Telam
La Cámara de Diputados aprobó el 21 de octubre modificaciones al artículo 96 de la ley de radiodifusión que contemplaba la integración de representantes de las Fuerzas Armadas en la dirección del COMFER.
El proyecto, que fue aprobado por los diputados y girado al Senado, apunta a derogar ese artículo de la ley 22.285 de radiodifusión que establecía que el directorio del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) tenía que estar integrado por representantes castrenses, según la legislación dictada durante la última dictadura militar. Entre sus fundamentos, la iniciativa presentada por el diputado nacional de Convergencia, Miguel Bonasso, destacó que se trata de un artículo "restrictivo" y recordó que ese texto integraba "uno de los postulados de la doctrina de seguridad nacional, según la cual la comunicación podía ser atentatoria de
un orden".
El proyecto, que fue aprobado sin debate, fue defendido en el recinto por el presidente de la comisión de Comunicaciones de la cámara baja, el justicialista de Río Negro, Osvaldo Nemirovsci.
Esta modificación reunía el consenso de todos los miembros de la comisión. En cambio, la modificación del artículo 45, que permitiría la participación de cooperativas y mutuales en la licitación de ondas de radio y TV, también tiene dictamen de comisión pero aún se está negociando la posibilidad de tratarlo en
el recinto. De hecho, estas demoras alientan las especulaciones que dan cuenta de que en el Congreso están a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe un nuevo proyecto de ley de Radiodifusión.

El Gobierno extendió la concesión de Canal 13 a "Clarín" hasta 2015
Fuente: La Gaceta
El grupo Clarín retendrá la licencia de Canal 13 hasta enero de 2015, según la resolución de prórroga Nº 1326 que firmó en la última semana de setiembre el titular del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Julio Bárbaro.
La licencia, que había sido adjudicada en 1990 por el Estado nacional, vence el 11 de enero de 2005. Pero el contrato por el cual se le dio la concesión por 15 años establecía una renovación automática por una década si la emisora no presentaba problemas patrimoniales ni mostraba una conducta infractora ante el Comfer.
El otro canal cuya concesión vence en enero es Telefé, propiedad de Telefónica. Fuentes del Comfer confirmaron a LA GACETA la prórroga para canal 13 informaron que en principio también saldría la extensión para Telefé. De todas formas, se mostraron cautas. "Quien tiene la última palabra es el Presidente", dijeron.

Argentina vota con Estados Unidos en la UNESCO
Fuente: Agradecemos a Nemesio Juárez el envío de información
La Subsecretaria de Cultura de la Nación, Magdalena Faillace, presentó la posición Argentina en el "Primer Encuentro Intergubernamental de Expertos sobre el Proyecto de Convención sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y Expresiones Artísticas", que se realizó en la sede de la UNESCO en París a fines de septiembre, con la participación de 600 expertos que representaron a 132 países. La gran polémica se limitó a la redacción del Artículo 19 del Anteproyecto, destinado a indicar acciones de articulación entre los tratados de defensa de la diversidad cultural y otros tratados, preferentemente los acuerdos comerciales. Una posición presenta reparos a la posibilidad de que los tratados comerciales tengan mayor valor que los acuerdos de diversidad cultural. La posición sustentada por Estados Unidos, en cambio, claramente supone que la diversidad cultural no puede afectar otros derechos. (ver debajo) en la votación, la representante argentina votó la propuesta sostenida por Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de los países de la región.
Ante esta situación, el "Foro para la defensa de las industrias culturales y la educación", manifestó su preocupación porque la actuación de los representantes argentinos ante la UNESCO, no sustentó las posiciones que alienta el FORO que reúne a importantes sindicatos y cámaras empresariales del sector. El Foro reclamó que la Argentina se realinee junto a la mayoría de los 190 Estados miembros de la UNESCO y contribuya a adoptar una Convención fuerte, reafirmando el derecho del que disponen los Estados de mantener sus políticas culturales existentes y seguir desarrollando medidas de estímulo y de regulación del intercambio cultural en un marco de reciprocidad y de respeto a la diversidad.

Artículo 19 - Relación con otros instrumentos
Opción A
1. Ninguna disposición de la presente Convención podrá ser interpretada de tal manera que afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros instrumentos internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual de los que sean Partes.
2. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán a los derechos y obligaciones de cualquier Estado Parte que emanen de cualquier instrumento internacional existente, salvo cuando el ejercicio de esos derechos y obligaciones cauce serios perjuicios o constituya una amenaza para la diversidad de las expresiones culturales.

Opción B
Ninguna disposición de la presente Convención afectará a los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros instrumentos internacionales."

Conflicto Multicanal - HBO
Fuente: El Cronista
La operadora de cable del Grupo Clarín, Multicanal, y la distribuidora de señales de cable HBO Latin American Group se encuentran en conflicto judicial desde el pasado 9 de octubre, cuando HBO suspendió la distribución y emisión de sus señales premium (HBO, HBO Plus y Cinemax) y básicas (Warner Channel, Sony Entertainment Television, E! Entertainment Television, A&E Mundo, The History Channel, Jetix y AXN) a Multicanal. El contrato entre ambas empresas había finalizado el 31 de agosto y el proceso de renegociación resultó infructuoso.
Los argumentos de HBO fueron que se vio forzada a suspender las señales a Multicanal, porque ésta no mostraba voluntad para iniciar los pasos requeridos hacia la digitalización y evitar de esa manera la piratería. Multicanal se defendió declarando que HBO pretendía cobrarle entre 120 y 220% de incremento y pasar algunas señales del servicio básico al Premium, todo esto en franca desventaja respecto de las negociaciones que estaba teniendo con su principal competidora, Cablevisión.
Ante esta situación otra arista del conflicto se dio en las páginas de los principales diarios del país, en los cuales se desarrolló una "guerra de solicitadas": "Multicanal comenzó a transmitir, en algunas ciudades del país, las señales del Grupo HBO de manera ilícita; Multicanal se 'colgó' de otro distribuidor de HBO Latin America Group para emitir las señales", sostenía HBO. En tanto Multicanal informaba: "HBO no respeta la ley argentina… La resolución de la CNDC confirma que HBO, mediante abuso de posición dominante, discriminó a Multicanal respecto de sus competidores".

FBI tomo los discos duros de servidores de Indymedia en Gran Bretaña
Fuente: Amarc, Our Media, Cris Campaign
El FBI dio una orden al Rackspace (Proveedor con oficinas en Londres y USA) de remover el servidor de Indymedia. La orden fue dada en tan corto tiempo que Rackspace tuvo que dar nuestros discos duros en el Reino Unido. La petición de requisar los servidores de Indymedia alojados por una compañía estadounidense en el Reino Unido fue realizada por agencias gubernamentales de Italia y Suiza. Más de 20 sitios web de Indymedia, varias emisoras de radio por Internet y otros proyectos estaban alojados en estos servidores. Fueron sacados de la red el 7 de octubre cuando se entregó una orden a Rackspace, Inc., uno de los proveedores de hospedaje web de Indymedia. De acuerdo a los informes de una agencia de noticias italiana y a la entrevista de la Agence France-Presse (AFP) al portavoz del FBI Joe Parris, el FBI actuó por petición de Suiza e Italia. "No es una operación del FBI," dijo Parris a la AFP. "A través de un acuerdo de asistencia legal, la citación partió de un tercer país.
Aidan White, el Secretario General de la International Federation of Journalists[Periodistas] (IFJ) ha dicho lo siguiente. "Hemos sido testigos de una operación policial internacional intolerable e intrusiva contra una red especializada en periodismo independiente. La forma en cómo ésta se ha llevado a cabo huele más a intimidación de investigaciones periodísticas legítimas que a redada criminal."
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) llamaron a una acción solidaria en apoyo de Indymedia, la red mundial de medios de comunicación independientes, a la que se han incautado una serie de servidores y cerrado 20 de sus sitios Web.

Cooperativa de Servicio Público puede ser adjudicataria de licencias de radiodifusión sin condicionamientos
Fuente: Amarc
La Cooperativa Telefónica de Libertador General San Martín, de la Provincia de Jujuy, presentó una acción declarativa de certeza ante el Juzgado Federal de Jujuy, impugnando de inconstitucional el artículo 45 de la ley 22285, que no permite que entidades no comerciales sean titulares de licencias de radiodifusión.

Jefes de Trabajos Prácticos
Diego Rossi
Glenn Postolski
Luis Albornoz

Docentes
María Sol Agusti
Sergio Arribá
Mariana Baranchuk
Gustavo Bulla
Sergio Com
Diego de Charras
Trinidad García Leiva
Pablo Hernández
Alicia Korth
Santiago Marino
Rodolfo Morone

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