Reforma del artículo 45: ¿un avance?
Por Mariana Ceriani, Cecilia Fariña y Eloy Hambra

La Cámara de Senadores sancionó el 17 de agosto último la ley que modifica el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, permitiendo a las organizaciones sin fines de lucro acceder a licencias de radio y televisión. El texto definitivo, luego de haberse retocado el original de Diputados, explicita que las licencias se adjudicarán a una persona de existencia física o una persona de existencia ideal regularmente constituida en el país. Esta cuestión requiere un análisis de sus repercusiones para los diferentes actores involucrados.
La modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión 22.285, que sancionó el Senado de la Nación con la ley 26.053, manifiesta -como toda cuestión política- la interacción de intereses más o menos antagónicos entre los diferentes actores sociales involucrados, en torno al acceso a las licencias legalmente disponibles para brindar servicios de televisión y radio. El proceso social está en pleno desarrollo.
En este sentido, resulta interesante observar, no sólo el modo en que surge un problema, en tanto que necesidades y demandas de ciertos actores que logran problematizarlas, sino cómo estos problemas devienen cuestiones, alcanzando status social, y llevan a estos diferentes actores sociales involucrados a tomar posición en torno de la cuestión, a la vez que tejen un entramado de interacciones determinado.
Las asociaciones sin fines de lucro, sociedades no comerciales, mutuales y sindicatos pueden ver, por un lado, que el largo camino abierto con la vuelta de la democracia en 1983, en el que reclamaban la efectiva posibilidad de acceder a licencias de radiodifusión, está por fin iluminado. Como declara el doctor Luis Valladares, representante de la entidad que agrupa a las Mutuales argentinas: "Ahora a través de las Mutuales, la economía social puede tener difusión a nivel general. La mordaza les ha sido sacada en un sistema de gobierno que tiene como pilar fundamental la libertad". El esfuerzo de más de 20 años de trayectoria, declara Valladares, se alimentó con los sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los que criticaba al vigente artículo 45 de la 22.285 de inconstitucional, porque marginaba a las sociedades cuyo fin inmediato no es la ganancia, de la propiedad de medios de comunicación.
Sin embargo, este sector -por afinidad ideológica- no omite que la ley deja afuera, todavía, a las Cooperativas que, brindando algún tipo de servicio público, no podrán acceder a las licencias de radiodifusión siempre que haya otro prestador licenciatario en esa zona geográfica. El argumento que esgrimen quienes respaldan esta excepción, se apoya en evitar prácticas monopólicas. Valladares refuta que a los legisladores nacionales no les incomoda el monopolio que ejercen las empresas comerciales, ni aún cuando son extranjeras (¿alguien pone en discusión la existencia de redes?), al tiempo que "queda en evidencia que no les importa la defensa de nuestro idioma -que en las zonas de frontera es desnaturalizado por el ingreso en nuestro territorio de medios de comunicación de los países limítrofes-, (ni) tampoco les interesa la difusión de los valores éticos y morales que promueven y se practican en las organizaciones de la economía social, ni les preocupa el fomento de la dependencia ideológica que se instala a través de los mensajes directos y subliminales que contiene el material extranjero que se difunde, obviamente que de este modo se viola el derecho a la información que tiene la población. Queda claro también que se restringe severamente la difusión de la pluralidad de ideas". A la reivindicación de un derecho humano esencial, como el de expresar opiniones todos los sectores de la sociedad, por minoritarios que sean, se suma la huella de inconstitucionalidad que deja la sanción de la reforma. Fue el diputado Héctor Polino -el único parlamentario que accedió a responder- quien propuso que fuera la autoridad de aplicación, Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) quien en cada caso concreto evaluara la situación y resolviera contemplando el interés de la población. Alternativa dejada en el olvido.
En lo que respecta al propio sector cooperativo, Miguel Julio Rodriguez Villafañe, abogado constitucionalista de cooperativas y mutuales remarca el activo papel que las cooperativas tuvieron para hacer valer el derecho a la comunicación de las personas: "En la historia de nuestro país, el movimiento cooperativo, se constituyó en un polo valioso de empuje. Fueron las que aseguraron, por ejemplo, un acceso solidario y de calidad a las señales de televisión, al instalar antenas comunitarias. Desde ellas, primero por aire y luego a través de cable, se logró unificar en igualdad y accesibilidad, un servicio a disposición de todos los que quisieran sumarse a él"
En cuanto al proceso en el que la Cámara de Senadores sancionó la modificación, explica: "Dicha Cámara se dio el gusto de sancionar la nueva norma violando el artículo 81 de la Constitución Nacional. Ese artículo no permite que la Cámara de Origen (Senadores) introduzca correcciones a las realizadas por la Cámara revisora. Sin embargo, el Senado no respetó el texto del artículo conforme lo había aprobado la Cámara de Diputados que, como revisora, había enviado y le quitó el párrafo en el que se autorizaba, previo un trámite, que las cooperativas de servicios pudieran acceder a licencias donde existía otro prestador. La estrategia, lamentablemente está clara, en materia de Radiodifusión, no se tolera pluralismo, competencia y medios alternativos y el Estado Nacional, en este caso, aparece como fiel guardián de dicha lógica, eliminando a todo sector de envergadura que pueda alterarla."
Este punto es compartido por el representante de la Asociación Mundial de Redes Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC), Ernesto Lamas, quien ve intacto en el país: "Un sistema de medios con un altísimo nivel de concentración de la propiedad -muchos medios y pocos dueños- y de concentración geográfica -muchos medios en pocos lugares del país. (...) que funciona sobre la base de la lógica capitalista -como todo el sistema. La comunicación es un gran negocio en el que se invierten capitales que sólo buscan multiplicarse a sí mismos". Y se pregunta: "¿Y el pluralismo informativo? ¿Y la discusión pública? ¿Y el servicio a las comunidades que lo necesitan? ¿Y eso de los medios como constructores de lazos sociales? El capital no se ocupa de esas cosas." Lamas relativiza lo positivo de la modificación, que si bien da lugar a un viejo pedido de este sector social, "mantiene vigente a la ley que organiza el sistema de medios de la Argentina, que tiene la firma de Jorge R. Videla".
Mientras las sucesivas modificaciones durante gobiernos democráticos emplearon al decreto presidencial como herramienta aceleradora de procesos -que hubieran demorado largas discusiones en el Parlamento- desde este sector se espera la definitiva sanción de una nueva Ley de Radiodifusión.
Además, expone Lamas motivos para esperar precavidos el desarrollo de este proceso: "Hay que ver sobre qué plan técnico hacen lugar a las nuevas frecuencias, por lo que hasta que la reforma del articulo no se reglamente, no sabemos en realidad qué significa la posibilidad de acceder a licencias; la reglamentación podría traer como consecuencia limitaciones de potencia, emisión de publicidad, etc. Y no conocemos los mecanismos para concursar, ni los costos de los pliegos que pueden ser prohibitivos".
En el polo opuesto de la discusión, paladeando el dulce sabor de la reforma que nace allí donde cambios más profundos se echan a perder, Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), se mostró conforme con la modificación del artículo 45 porque impide el ingreso de prestadores de servicios públicos a la actividad.
El principal argumento que esgrime este sector se apoya en la exclusión de las cooperativas porque su participación resulta "distorsiva de la competencia", ya que según declara el mismo Burzaco: "La situación de la TV por Cable, por sus características propias, requiere una organización empresarial, jurídica e impositiva distintas de las que pueden presentar las asociaciones sin fines de lucro". En detalle, el titular de ATVC se refiere a la diferenciada carga tributaria a que se encuentran sometidas las cooperativas, en comparación con las sociedades comerciales.
Además, "la posición también monopólica de muchas de esas cooperativas en la prestación de servicios públicos de la zona, les permitiría captar rápidamente a una masa de clientes "cautivos" e intentar acciones para aislarla de la competencia privada. También podría otorgar subsidios cruzados entre los ingresos correspondientes al servicio público y aquellos en competencia, a los fines de financiar prácticas de tipo predatorio en esos últimos servicios". Argumentos económicos que ponen el énfasis en la ganancia comercial -ahí sí, libertad, libertad, libertad-, antes que en el derecho de información y expresión -ahí, en cambio, restricción, restricción, restricción.
La acción del Estado marca la indecisión de los últimos 20 años en la materia. Ante la imposibilidad de aunar intereses tan contrapuestos en torno a esta cuestión de la propiedad de los medios, el camino más fácil parece ser "cambiar algo para que nada cambie". Néstor Busso, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), dice al respecto: "El gobierno es lo suficientemente contradictorio como para consolidar la vigencia de la ley de 1980 y al mismo tiempo modificarla en un sentido positivo. Son dos hechos políticos en sentido opuesto y es una muestra de que no hay una política coherente de comunicación. Creemos que es necesario una política en materia de comunicación pero una política coherente parte o debería partir de una nueva ley de Radiodifusión, que establezca con claridad las normas y reglas de juego para la radio y televisión en la República Argentina". Para ello, el Estado se debiera inmunizar de las presiones de los más fuertes.
Llegados a este punto, cabe preguntarse si se puede definir a la reforma como un avance. Sin lugar a dudas, el hecho de que los medios no comerciales puedan acceder a una licencia de radiodifusión y ya no sean considerados ilegales mejora el panorama de una manera notable. Sin embargo, la decisión de limitar al sector cooperativo para ser licenciatario de medios de comunicación, que hasta ahora peleó a la par de los demás sectores no comerciales, nos lleva a reflexionar acerca de si el progreso es completo e inevitablemente levanta una sospecha acerca de si se trata de dividir para flaquear un bloque fuerte de lucha (teniendo en cuenta que pueden tomarse otras medidas para evitar la conformación de monopolios)...
Finalmente, como ya se ha mencionado, no hay que olvidar que este proceso se da en el marco de la Ley de Radiodifusión de la dictadura, lo cual no deja de ser un indicio de que aún falta mucho por hacer y que se debe seguir alerta.

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Reaparecieron en el mapa: Políticas públicas de comunicación en el Cono Sur
Por Mariela Baladron y Magdalena Restovich
En Montevideo se propuso debatir durante 3 días sobre las "Políticas públicas de comunicación en el Cono Sur", en el seminario que organizó la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, entre el 17 y 19 de agosto.

Desde un principio, lo que se puso a debate fue el debate. Más allá de las políticas públicas de comunicación en sí, se discutió su carácter político, su apropiación por parte de la sociedad, su viabilidad en la coyuntura actual del Cono Sur. "El carácter restringido de los debates da cuenta, a mi juicio, de la existencia de sociedades en las que no hemos asumido la posibilidad de ser ciudadanos", y en este sentido, las políticas de comunicación deben ser "espacios a partir de los cuales se construyen los proyectos de sociedad." Fue la propuesta que disparó María Cristina Mata, representante de FELAFACS (Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, organismo que auspició el evento) quien junto con Valerio Fuenzalida, Gabriel Kaplún y Damián Loreti, inauguraron el Seminario.
El trabajo se propuso en dos ejes: el presente de las políticas públicas de comunicación y el futuro, si es posible la aplicación de una nueva política. Estos ejes se desarrollaron en talleres de discusión a partir de ponencias que retomaban la temática, presentadas por profesores, investigadores y alumnos de Uruguay, Argentina, Chile y México.
A lo largo del seminario, cobraron relevancia los planteos de cómo repensar las políticas de comunicación en el contexto actual, tan distinto de los setenta en el que tuvieron auge, incluyendo a su vez cuestiones como el acceso y la participación en este nuevo marco. Una de las panelistas, Daniela Monje, de la Universidad Nacional de Córdoba, remarcó en este sentido el rol fundamental del estado para "garantizar la representación de las minorías, la diversidad y la pluralidad de voces, y no es sólo garantizar que se hable de esas minorías, o que se les asigne una cuota de pantalla mínima, en términos de discriminación positiva, sino que su participación sea activa, y esa es una descripción del estado el mercado difícilmente puede permitir".
Y desde el nombre del seminario mismo, se replantearon las políticas "nacionales" como políticas "públicas" de comunicación; quizás como una lección del pasado, quizás como una apuesta política. Sin embargo, el eje de la discusión muchas veces estuvo regido por la inquietud de los asistentes referida a la libertad de expresión, la censura y la práctica periodística, lo cual demuestra que la "reaparición" de las políticas públicas en la escena del debate de comunicación… no es tan sencilla.
Además de talleres se desarrollaron mesas redondas con invitados de distintas especialidades. Una se dedicó a la producción audiovisual, otra convocó a propietarios, directores y columnistas de medios privados comerciales y privados del sector social comunitario. La intervención de la sociedad en el tema fue una propuesta central que mencionó Gustavo Gómez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), cuando invitó a apropiarse de las políticas públicas preguntando "¿qué tengo para decir si a mi me preguntaran sobre políticas de comunicación?". A lo que no demoró en dar respuestas con ejemplos sobre adjudicaciones, publicidad oficial, contenidos y producción nacional de publicidad, que "son temas de políticas públicas y son temas en los que deberíamos meternos porque no solo tenemos opinión, sino que además, si nos apuran, tenemos propuestas. Por lo menos de lo que no se debe hacer."
Pero el punto más álgido del debate tuvo como protagonistas a los funcionarios de los organismos estatales de control y de medios estatales de comunicación uruguayos. Este debate debe ser contextualizado, dado que como anfitrión, Uruguay se permitió sacar los trapitos al sol de una discusión entre "la academia" y "la práctica o la dirección". A pesar de la riqueza de las mesas, la consigna "en el Cono Sur" languidecía en el seminario, que no logró discutir las problemáticas a nivel regional.
Ante el balance de los primeros 170 días de gobierno del Frente Amplio, la "academia", con Gabriel Kaplún como su orador principal, remarcó que las propuestas sobre comunicación elaboradas en época de campaña no tuvieron respuesta, siendo el ámbito de las políticas de comunicación no prioritario. Tampoco en esta instancia hubo variantes a través de los jerarcas: todos los invitados hicieron hincapié en la falta de financiamiento y el complejo estado de situación y desestimaron cambios. La actitud general fue plasmada sin titubeos por Sergio Sacomani (director del SODRE, Sistema de Radios Públicas Uruguayas), cuando graficó con una metáfora la situación actual: "nosotros somos como montadores, estamos con un machete tratando de abrir caminos en un monte de yuyos". Y para que no queden dudas, agregó: "estamos para dirigir y tenemos que partir de la realidad, no podemos tener a alguien que nos diga "¿Usted midió el ancho de la hoja? ¿Y el ángulo que le está pegando es realmente 45 °?" ¿Me gustaría? Si. ¿Se puede? No."
Una imagen poco alentadora para la democratización de la comunicación, o una confusión por lo menos. Para aclarar las dudas, Kaplún explicó a qué apuntaba la propuesta: "francamente creo, por muchos años de trabajo, que es más fácil hacer las cosas con la gente rodeándonos que hacerlo solo, y me refiero a eso cuando proponemos abrir espacios".
La falta de intervención de los concurrentes en esta mesa tan polémica (participación que se dio en todos los demás casos), no dejó de recalcarse cuando se reanudaron los talleres. Las críticas que se hicieron desde el lado argentino involucraron a los "jerarcas", desde el lugar de "la dolorosa experiencia", como lo remarcó Mata o cuando Damián Loreti, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), insistió en explicar que "uno dice que ojalá no les ocurra lo que nos pasó a los argentinos, es porque tenemos una experiencia, y es que estas cosas, si no se toman de entrada es muy difícil hacerlo después".
Al retomarse discusiones relegadas durante tanto tiempo en el ámbito de la comunicación, el cierre de María Cristina Mata sonó mucho más a una apertura: "me parece que empezamos a discutir, a lo mejor tenemos que discutir con mucho más rigor, de otra manera, pero acá no fuimos complacientes y tratamos de decirnos cosas; a mí me parece que así podemos seguir avanzando". Y esta sea probablemente la manera de marcar un rumbo, para que el camino hacia políticas de comunicación democratizadoras sea un debate político, entre ciudadanos.

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Jornadas "La comunicación responsable", en la UCA
Hablar con propiedad
Por Magdalena Restovich

"Miro a Bárbaro firmemente a los ojos, pero también a todos los integrantes de esta mesa, porque hace 22 años que tenemos una ley de radiodifusión que está vigente, que esta desvencijada, que es muy cómoda a los políticos, pero también es muy cómoda a los multigrupos y nadie reclama por tenerla". Lo más llamativo de la frase no es quién interpelaba, Pablo Sirvén, ni su contenido, sino justamente el resto de "esta mesa": además del aludido interventor del COMFER, Edmundo Rébora presidente de ARPA, Antonio Ambrosini, vicepresidente ATA, Martín Etchevers, gerente de Relaciones Externas del Grupo Clarín, y los presidentes de la Cámara Argentina de Anunciantes y la Asociación de Agencias de Publicidad. Es indudable la capacidad de convocatoria del Instituto de Comunicación Social de UCA, que los sentó en una sola mañana, en un solo panel, a discutir "La comunicación audiovisual y la Responsabilidad Social de sus actores" el pasado 24 de agosto.
Lo que hizo Sirvén fue zafarse del laberinto de espejos en el que se estaba convirtiendo la mesa, porque desde "reflejo transparente" hasta "espejo deformante" los panelistas pasaron por todos los estados posibles de este fenómeno físico para describir la posición de los medios en la sociedad: "¿La TV es un reflejo que refleja a la sociedad, o a veces crea estereotipos que luego proyecta sobre su realidad?(sic) " preguntó la moderadora. "Es una pregunta magnífica" (sic), dijo Ambrosini.
No: definitivamente no se habló con propiedad. Pero si de propiedad.
Ante una postura muy básica: la gente tiene los medios que quiere, que se merece, que elige, siendo incluso, más democrática que la democracia: "a kirchner lo elegimos por 4 años, en cambio la televisión si no te gusta ese programa no lo ves", exageró Ambrosini. Sirvén volvió a poner el debate en términos mas rigurosos: nadie elige, ni vota, ni siquiera controla, no sólo los contenidos, sino a los licenciatarios; e incluso redobló la apuesta haciendo referencia al decreto 527: "¿de qué ley surge eso? De un decreto de necesidad y urgencia como hacía Menem, es una cosa monárquica ¿a quien se le ocurre regalar así "como agua va" 10 años y no se sabe porque?". Y esta vez, que Bárbaro podía esquivar el convite, dado que tenía a mano a los beneficiarios directos de la medida, ante el silencio de estos, tuvo que responder él: aludiendo al estado de debilidad financiera del sistema y la convocatoria de algunos medios, "lo hicimos para todos porque si nosotros les dábamos 10 años a los convocados, si el convocado lo saca vía justicia, el no convocado tiene derecho per se". Es decir que la mesa fue un "reflejo" del decreto: Bárbaro se hizo cargo de explicar que el gobierno se hizo cargo de las deudas de los empresarios de medios, quienes se callaron.
El resto fue todo lugar común: Bárbaro como siempre preocupado por "la palabra soez", "las radios truchas", y "el peso del cable". Los anunciantes por el rating, los publicistas por los anunciantes, y Clarín por "los chicos" y "la familia argentina". Y todos juntos preocupados por la pauta oficial y los medios públicos y ¡¿porqué canal 7 no es como Canal (á)?!, que parece haber sido canonizado como ejemplo de lo bueno que se puede hacer en la tele argentina. Todas cosas repetidas, ya casi como un acto reflejo.

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Lanzan de forma oficial la TV digital en la Argentina
Fuente: La Nación
Fecha: 30/09/05
El 29 de septiembre se realizó en la ciudad de Buenos Aires un encuentro al que se llamó "Jornada de lanzamiento de la televisión digital en la Argentina". Nombre confuso si se tiene en cuenta que la digitalización de los sistemas de transmisión de televisión abierta en nuestro país es un tema en el que se viene trabajando desde fines de 1997 y del que en varias oportunidades se anunció su inminente puesta en marcha, con plazos que sucesivamente quedaron en la nada. Más confuso aún si no se aclara que se habla de sistemas de televisión digital terrestre porque la televisión digital ya existe en nuestro país para los usuarios de los sistemas satelitales (DirecTV) y en forma de prueba piloto para algunos usuarios de televisión por cable. La incorporación de la tecnología digital para la transmisión televisiva permite (según el tipo de tecnología que se elija para el uso estándar del país), entre otras cosas, la posibilidad de acceder a una mayor cantidad de canales, una mucho mejor recepción de imagen y sonido y la posibilidad de interacción (las pantallas con programación, información adicional, mensajes, etcétera, a las que se puede acceder con el control remoto tal como se hace con un DVD, por ejemplo). La reunión estuvo organizada por la Secretaría de Comunicaciones del gobierno nacional y la Asociación de Telerradiodifusoras Argentina (ATA). La misma consistió en una serie de charlas sobre aspectos técnicos, legislativos y económicos vinculados con los inconvenientes y las ventajas que traería aparejado el impulso que se daría a la puesta en marcha del proceso de pasaje del sistema de transmisión analógico, que funciona actualmente, al digital. En la reunión no se presentó ningún cronograma de fechas ni un plan concreto más allá de lo que ya se viene charlando desde hace rato. En el acto de apertura el primero en hablar fue el Secretario de Comunicaciones, Mario Guillermo Moreno, que lo hizo en representación del ministro de Planificación Federal, el arquitecto Julio De Vido. En su discurso, Moreno se refirió a las certezas de los factores macroeconómicos, que asegura se mantendrán a largo plazo, con que pueden contar actualmente los empresarios para invertir fuertemente en proyectos de negocios vinculados con la televisión digital. Además presentó un panorama de la incidencia que tendría en la producción y la creación de fuentes de trabajo para nuestro país apostar al desarrollo de esta industria. El segundo orador fue el diputado Osvaldo Nemirovsci, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, que acentuó que poder hablar de este tema nuevamente en la Argentina tiene que ver con el proceso de recuperación económica que hoy permite volver a pensar en el consumo. El presidente de ATA, Carlos Fontán Balestra, habló de las necesidades que le reclaman al Gobierno los empresarios para encarar un proyecto como éste y destacó que la ampliación de la licencia a los canales que se dictó en mayo último es el tipo de medida que ayuda a que ellos se animen a tomar esos riesgos. Finalmente, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, destacó que en los considerandos de la ampliación de las licencias se especificaba que los empresarios deben invertir en tecnología y que también se deben mejorar los contenidos de nuestra televisión. En noviembre de 1997 se realizó en Buenos Aires la primera Conferencia de Televisión Digital de América del Sur. Expusieron representantes del estándar ATSC (de origen norteamericano) y del DVB-T (de origen europeo). Uno de los puntos principales por decidir en un plan para digitalizar es elegir la norma estándar que adoptará el país, ya que todo el desarrollo industrial posterior depende de ese punto. Aquí aún no hay definición al respecto.

Un contrato relámpago salva el espacio satelital argentino
Fuente: Clarín
Fecha: 24/09/05
El satélite canadiense Anik EII, en semanas, ocupará la llamada posición 81; de la Argentina iba a ser destronado el próximo 19 de octubre. Por esta salida, que es transitoria, se paga un precio alto para algunos y módico para otros: US$ 2,1 millones. El contrato con la canadiense Telesat también establece que se aplique la legislación canadiense, algo que Néstor Kirchner suele reprochar. Pero todo sea con tal de conservar la posición 81 W, concedida por EE.UU. en julio de 1998. Desde ese lugar, Argentina puede cubrir desde la Antártida y Tierra del Fuego hasta el sur de EE.UU. Es más: los expertos consideran a la 81 W como una posición geoorbital de privilegio precisamente por su grado de observación de toda América latina. Ese lugar fue entregado en setiembre de 1998 a la firma privada Nahuelsat para que pusiera un satélite en esa órbita. El plazo para colocarlo expiró en octubre de 2003 y el satélite brilló por su ausencia. Kirchner tuvo que pedir entonces una prórroga a la Unión Internacional de Telecomunicaciones que se la otorgó por dos años de manera absolutamente excepcional. En agosto de 2004, el Gobierno le quitó la posición 81 a Nahuelsat, un consorcio dominado por la alemana Daimler Chrsyler Aerospace y la italiana Alenia, con participaciones menores de GE Capital, CFI del Banco Mundial, Publicom y la uruguaya Antel. Desde que se hizo cargo, el secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, tomó la posición satelital como otra de sus obsesiones. Pero el acuerdo con Canadá prevé el visto bueno del venezolano Hugo Chávez. Ocurre que el Anik ocupa hoy la posición satelital 67 que es de Venezuela y debe desplazarse hacia la 81, para que Argentina no la pierda. Moreno, que está preparando sus valijas para exponer este arreglo ante la máxima autoridad mundial del tema, Unión Internacional de Telecomunicaciones, dijo a este diario que ya cuenta con el sí de Caracas. De paso, pedirá una nueva prórroga hasta que le encuentre la vuelta a la solución definitiva.

Decomisarán 130 emisoras AM
Fuente: La Nación
Fecha: 24/09/05
Por un acuerdo sellado ayer entre el Comfer, la Asociación de Radiodifusioras Privadas Argentinas (ARPA), la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y el diputado Osvaldo Nemirovsci -uno de los cuatro presidentes del bloque del PJ-, el Comfer decomisará desde este mes 130 emisoras AM ilegales. El Comfer se propone luego convocar a un concurso público para diez radios, aun entre los operadores decomisados. Con la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión también pueden ser licenciatarias las cooperativas y entidades sin fines de lucro. Caso único en el mundo, la proliferación de AM sin permiso provisional precario (PPP) ni licencias -los dos recursos legales para estar en el aire- obstaculiza la puesta en marcha del proceso de digitalización radiofónica.

Procesan a ex interventores del Comfer por beneficios al Grupo Clarín
Fuente: Ámbito Financiero
Fecha: 14/09/05
El juez federal Guillermo Montenegro dictó el procesamiento de Ana Lucia TEZÓN y José Carmelo AIELLO, ex interventores del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) por considerarlos responsables del delito de defraudación por administración infiel en perjuicio del ente que dirigían. Para cada uno, Montenegro decretó un embargo sobre sus bienes por 1.000.000 de pesos. El dúo de ex interventores fue acusado de otorgar beneficios ilegales, concedidos en forma discrecional al multimedios de comunicación más poderoso del país, el grupo "Clarín". La investigación contra Tezón y Aiello fue impulsada por la Oficina Anticorrupción, que denunció la asignación ilegal de exenciones tributarias para este grupo "significó una notable mejora de la situación financiera de esas empresas", ya que luego sus paquetes accionarios fueron vendidos a importantes operadores extranjeros. La ley de Radiodifusión, Nº 22.285, dispuso un gravamen de hasta 8 por ciento sobre la facturación bruta de todas las radios y televisoras que explotan ondas licenciadas por el Estado. El COMFER podía conceder exenciones únicamente, para el caso de las estaciones de radio y televisión que se encuentran en zona de frontera o de fomento. Pero sucede que el COMFER, por Resolución Nº1090/96 -con el argumento de fomentar inversiones en el sector- declaró zona de fomento a todo el territorio nacional, excepto la Capital Federal. No obstante, a esta disposición los ex interventores del COMFER concedieron exenciones al gravamen a empresas privadas que se encontraban situadas, todas ellas, en la Capital Federal. Según el dictamen de la Oficina de Anticorrupción que lleva las firmas de Manuel GARRIDO y de José IPOHORSKI LENKIEWICZ, señaló "el Estado asumió costos que les correspondían afrontar a los empresarios del sector o a sus socios extranjeros que contaban con medios más que suficientes". En la investigación se estableció que MULTICANAL y ARTEAR, ambas del grupo CLARÍN obtuvieron exenciones de 40 a 70 por ciento, entre agosto de 1998 y 2000, por 38 millones de dólares entre ambas. Según la OA, esta inyección de beneficios vino a compensar la situación de esas empresas en relación con sus competidoras. En diciembre de 1994 el COMFER otorgó a CABLEVISION una exención parcial del 40 por ciento del gravamen para 1995 y del 50 por ciento para 1996. El 25 de abril de 1995 el 51 por ciento de CABLEVISION fue vendido a TCI COMMUNICATIONS en 286 millones de dólares. En tanto, TELEARTE solicitó y obtuvo, en 1995 y 1996, exenciones desde 50 hasta 75 por ciento, que la beneficiaron hasta mediados del 2001. En 1997 ingresó a la sociedad como socio controlante PRIME TELEVISION LTD. DE AUSTRALIA. Las exenciones logradas "tuvieron una gran importancia a la hora de que las partes alcanzaron un acuerdo para vender las empresas", sostuvo el dictamen de la Oficina Anticorrupción.

Canal 9: El plan para salir del concurso
Fuente: Fortuna
Fecha: 19/09/05
La estrategia judicial de Canal 9 para sanear su deuda atraviesa el mercado televisivo. El canal de Hadad acusó a Telefónica, su principal acreedor y dueño de Telefé, de haberle exigido que no contrate a Tinelli para aceptar su propuesta de pago. El grupo español contrataca alegando que a pesar de la suba del rating, la deuda sigue creciendo. Los lentos movimientos de la Justicia y los tiempos vertiginosos de la pantalla chica. En los 34 cuerpos del expendiente del concurso preventivo de Canal 9, que se acumulan en el juzgado en lo comercial N° 16, se explica buena parte de la tan mentada guerra de la televisión. El concurso preventivo de Canal 9 involucra a 4 sociedades; Telearte S.A., Televisión ABC S.A., Prime Argentina S.A. y HFS Media S.A. El pasivo verificado asciende a $ 111 millones, repartidos entre 502 acreedores. Entre ellos, se destaca el Grupo Telefónica, cuya deuda totaliza $ 27 millones según reconoce la concursada. En esa deuda se suman lo adeudado por Hadad por la compra de la emisora y otras acreencias a favor de otras compañías del holding español. En torno a ese acreedor -el más cuantioso y a la vez accionista de Telefé- es donde Hadad basó su estrategia para enfrentar el reordenamiento de su deuda. Y es allí donde nace la acusación. Aún reconociendo la deuda, Canal 9 pidió la exclusión del Grupo Telefónica del comité de acreedores y que con ello se le elimine la posibilidad de votar la propuesta que formuló a los acreedores, una atribución clave dada su condición de acreedor principal. Canal 9 alega que el precio que le pidió Telefónica para acceder a su propuesta de pago era perderse "el pase del año" y no contratar a Marcelo Tinelli. La propuesta que Canal 9 planteó a sus acreedores consiste en pagarles un 32% del monto de los créditos, con lo que la quita alcanzaría el 68%. Para las deudas en pesos, se establece una espera de 5 años que devengará un interés del 6% anual desde la fecha en que quede firme la homologación del acuerdo, a capitalizar al fin del quinto año de espera. A partir de ese momento la deuda se pagará en 7 cuotas anuales más un interés sobre saldos igual al anterior. La primer cuota se pagará a los seis años de la homologación. Es decir, que la cancelación total de la deuda demorará 13 años. Para las deudas en dólares, propone una pesificación en razón de 2 pesos por cada dólar, siguiendo la llamada "teoría del esfuerzo compartido", muy utilizada en la post-devaluación para resolver litigios en moneda estadounidense. En este caso, el plan consiste en pagar la mitad de esa deuda siguiendo el mecanismo descripto para las deudas en pesos. Para el 50% restante, propone una espera de 13 años desde que quede firme la homologación, cancelando la deuda en 3 cuotas anuales, con intereses iguales a los de las deudas en pesos. Canal 9 logró detener el reloj al solicitar a la Cámara correspondiente que ese plazo deje de correr hasta que se resuelva la exclusión de Telefónica a la hora de votar. La Cámara rechazó el pedido, tras lo cual el Canal presentó un recurso extraordinario que volvió a detener el plazo. Si tal como se espera el tribunal reiterara su negativa, la única vía legal posible sería el recurso de queja ante la Corte Suprema, aunque en ese caso el plazo seguiría corriendo, y con él, la necesidad del concursado de convencer a sus acreedores. Incluyendo a Telefónica.

El Gobierno prepara un decreto para crear el Fondo de Servicio Universal
Fuente: El Cronista
Fecha: 15/09/05
El Gobierno ya tiene listo un decreto con el que finalmente creará el Fondo de Servicio Universal, un mecanismo para llevar el servicio de telecomunicaciones a todos los rincones del país, que había sido previsto inicialmente por la gestión de Fernando de la Rúa pero que nunca se puso en práctica. Ayer trascendió desde Nueva York, donde el presidente Néstor Kirchner encabeza la comitiva que asistió a la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas, que el secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, tiene el borrador que establece la implementación del fondo y que ahora sólo falta la firma de Kirchner, lo cual se espera que suceda en las próximas semanas. En cualquier caso, el objetivo es que en 2006 el fondo esté operativo. Al igual que lo que preveía el decreto original 764 de 2000, el sistema establecerá que lo financien todas las empresas que tengan licencia de telecomunicaciones, desde Telefónica y Telecom, hasta los proveedores del servicio de Internet. Para ello, deberán depositar en una cuenta el 1% de su facturación mensual. Aunque todavía no está definido, se prevé que la colocación podría hacerse en el Banco Nación. En el Ministerio de Planificación especulan con que podría recaudarse un mínimo de $ 160 millones por año. En el Gobierno aseguran que la norma será "más simple", que el decreto de Aguiar, lo que -dicen- también facilitaría su cumplimiento. Pese a que el fondo nunca se constituyó, muchas empresas de telecomunicaciones previsionaron en sus balances el aporte que -pensaban- podrían tener que realizar en forma inminente. Pero algunas fueron más allá y lo trasladaron a los usuarios, algo que no admitía el decreto. Es por eso que Moreno terminó firmando en mayo una resolución que obligaba a las empresas de telecomunicaciones a devolver lo cobrado a los clientes. Respondía así a un pedido realizado en dos oportunidades por la Defensoría del Pueblo de la Nación. La primera oportunidad fue enero de 2002 y la solicitud había llegado directamente a las compañías de telefonía celular, que, según una investigación del organismo encabezado por Eduardo Mondino, habían discriminado el cargo en la factura. En marzo de este año, Defensoría del Pueblo realizó la segunda observación, en forma paralela a un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación. Aunque se desconoce el monto acumulado por el presunto cobro de las empresas, se calcula que el fondo -que debía comenzar a regir en 2001- debería haber sumado entre 300 y 350 millones de pesos.
Devolución La resolución que había firmado Moreno en mayo no establecía el mecanismo para que las empresas devolvieran lo presuntamente cobrado. Sin embargo, dejaba en claro que la modalidad debía ser establecida por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). El organismo encabezado por Ceferino Namuncurá lo hizo en julio y fijo que el sistema sería a través del retorno del dinero a los usuarios en un plazo de 90 días. En los casos en que fuera imposible concretarlo -por ejemplo, por cambio de prestador por parte del usuario- las empresas deberán informar el hecho a la CNC.

El Estado busca limitar la publicidad en el cable
Fuente: RTA
Fecha: Edición de Septiembre
El Procurador del Tesoro Nacional, Osvaldo Guglielmino, elevó al Comité de Radiodifusión (COMFER) el dictamen 279 en el que se restringe la publicidad en los canales extranjeros de televisión emitidos por cable. Sin embargo, la medida establece que las señales que tengan 51% o más de producción nacional podrán seguir emitiendo los doce minutos por hora de publicidad al que hace referencia el artículo 71 de la Ley Nacional de Radiodifusión. La misma sentencia asegura además que, en el caso de las señales locales y del exterior que no respetan los porcentajes establecidos de producción propia o de programas de origen nacional, deberán repartirse entre todas los doce minutos por hora en donde se permite colocar pauta publicitaria. La Procuración tomó partido en el asunto cuando un grupo de televisoras del interior del país, entre las que se encontraban Canal 13 de Río Cuarto (Córdoba), Canal 13 de Corrientes, Canal 9 de Resistencia (Chaco), Canal 13 de Río Grande y Canal 11 de Ushuaia, ambos de Tierra del Fuego, Radio Visión Jujuy y la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y de la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA), solicitaron, a través del Comfer, que "se arbitren medidas tendientes a evitar que se continúe con el abuso de la venta publicitaria realizada por circuitos cerrados de televisión o señales de televisión satelital". Este conflicto surge también porque las señales de cable, al no tener una oficina y un registro en el país, no pagan el canon correspondiente al Estado por la venta de publicidad. Ahora, la restricción abarca a no menos de ochenta señales de cable internacionales, entre las que se incluyen CNN (noticias), Cartoon Network (infantil), Sony y Fox (series). En cambio, los canales beneficiados serían Todo Noticias (TN), Volver y Magazine, todas pertenecientes al Grupo Clarín.

Artear compra el 30% de Ideas del Sur
Fuente: Clarín
Fecha: 02/09/05
El 1 de septiembre Marcelo Tinelli firmó contrato con Canal 13 de Buenos Aires desde abril de 2006 y hasta fines de 2009. Además, el pase establece una participación minoritaria del 30 % de Artear en Ideas del Sur, por un valor de alrededor de 15 millones de pesos. Y la provisión, de parte de la productora de Tinelli, de contenidos para la pantalla del 13 para cubrir entre 13 y 18 horas semanales de programación.

Telefónica de España venderá una parte de Endemol
Fuente: Reuters
Fecha: 12/09/05
El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica planea vender en la bolsa un 20 ó 30% de las acciones de su productora holandesa Endemol, con lo que obtendría unos US$ 922 millones. El banco de inversión Merrill Lynch participaría en la colocación de las acciones, la que podría limitarse a inversores institucionales. La productora Endemol, es conocida en todo el mundo por su producto estrella, el concurso de televisión "El Gran Hermano".