POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES DE ESTADOS UNIDOS Y LAS CORPORACIONES
Por Andrew Calabrese
Profesor de School of Journalism and Mass Communication, Universidad de Colorado

I.
Los participantes en el debate sobre el controvertido concepto de "neutralidad de la red" en la política de telecomunicaciones pueden aprender mucho de la evolución de la industria en los últimos treinta años. La historia de la regulación del cable y del teléfono, aunque de alguna manera bastante distinta en ese período de tiempo, es instructiva en tanto permite explicar por qué las dos industrias han sido tratadas de modos diferentes, por qué algunas de las diferencias son solamente superficiales (ambas han gozado de posiciones monopólicas con las altas barreras de entrada inducidas por el gobierno), y cómo ambas industrias están haciendo sus intentos para eliminar sus diferencias más significativas, en perjuicio de ciudadanos y de consumidores. En este trabajo intento demostrar el valor de sentar las bases de discusiones sobre el acceso a las infraestructuras de banda ancha digitales teniendo en cuenta las preocupaciones dominantes que emergieron en el período inmediatamente anterior y posterior a la desintegración de AT&T. Una de las preguntas relevantes que resuena persistentemente es bajo qué condiciones, si las hay, sería apropiado permitir un common carrier (proveedor público de telecomunicaciones) de tarifa regulada ingresar en el negocio de la industria editorial electrónica (de texto, voz, datos y vídeo). Aunque ya ha comenzado el proceso por el cual los límites entre la infraestructura del "carrier" y del proveedor de contenidos son cada vez más borrosos, la lógica y las condiciones dudosas que permiten este escenario son un tema sobre el cual el público, desafortunadamente, sabe muy poco. Al mismo tiempo que los reguladores y las cortes trataban de resolver esta pregunta, los emergentes servicios de televisión por cable se fueron asentando en un contexto regulador que favoreció un modelo diferente del que solía gobernar la telefonía. En vez de ser tratado como un " common carrier" como la industria telefónica, los operadores del sistema del cable se las arreglaron para establecer su afinidad más cercana a la de los radiodifusores. Esa diferencia histórica entre la regulación de las dos industrias, cable y telefonía, es en parte lo que explica la reciente victoria de las compañías de cable en la Suprema Corte, a las que se les permitió negarse a transportar a cualquier Internet Service Provider (ISP) además del suyo. Pero la industria de telefonía tampoco está interesada en ser un "common carrier" para todos los ISPs que desean conectarse a su infraestructura. Por el contrario, al igual que las compañías de cable, las empresas de teléfono están haciendo lobby para conseguir el control exclusivo de su infraestructura por lo que muchos creen que los proveedores de servicios de Internet independientes que no tienen sus propias líneas de cables podrían dejar de existir. Otro temor es que el acceso de banda ancha al sistema de teléfono a través de proveedores de información independientes - algo en lo que las compañías del teléfono no tienen ningún interés financiero - llegará a ser prohibitivamente caro. En este momento, los proveedores de información comercial como Amazon.com, MapQuest, Google y Yahoo se han convertido en extraños "aliados" de los defensores del interés público, que temen que los medios independientes y comunitarios no encuentren ningún lugar en un nuevo mercado de las telecomunicaciones en el cual el acceso al ancho de banda sea basado en el principio de "pagar para jugar/pay to play." Estos argumentos en coalición podrían causar algún retraso para resistir el movimiento de las compañías telefónicas de desarrollar un modelo de precios más costoso para que los proveedores de información de gran ancho de banda tengan acceso a su infraestructura. Pero es muy probable que los principales proveedores de Internet se independicen de las organización de servicio público menos importantes que necesitan alcanzar a clientela para propósitos sociales, políticos y culturales de la asociación y el intercambio, pero cuyas empresas no fueron pensadas para generar ganancias.
Parece improbable que las compañías de telecomunicaciones - los dueños de las infraestructuras del cable y del teléfono sobre las cuales se está realizando la migración de banda ancha digital - vayan a querer hacer poco atractivos sus sistemas a los proveedores de información y a los consumidores como para que ambos busquen otros alternativas de entrega. Por el contrario, es de esperar que busquen esquemas de precios que permitan a los grandes jugadores hacer negocios y que los consumidores estén razonablemente satisfechos con las opciones disponibles. Sin embargo, al mismo tiempo las empresas de cable y telefonía compiten entre sí, ellas también enfrentan la competencia potencial de aquellas ciudades que están construyendo sus propias infraestructuras inalámbricas de banda ancha. "WI-FI municipales," como se denomina a estos sistemas, son quizás la fuente de mayor esperanza para los pequeños proveedores de información, redes comunitarias y organizaciones sociales locales. También, tales sistemas pueden estar en posición de competir con los sistemas del cable y teléfono y proveer banda ancha para los servicios de información comerciales (1). Queda abierta la posibilidad que los nuevos y presentes imprevistos de los sistemas de entrega sean desarrollados en el futuro, de este modo potencialmente se amplía la posibilidad que las compañías de cable y de teléfono no harán lo que más se teme que hagan, que es poner precios discriminatorios y proporcionar un servicio de menor calidad para los proveedores de servicio de información que compiten con servicios de información en los cuales ellos tienen intereses financieros.
Al considerar las perspectivas de renovación y de futuro éxito para los "medios del servicio público" en un ambiente de banda ancha digital, parece que los proveedores que caen bajo esta categoría (reconocidamente nebulosa) adoptan una presunción hacia la política de comunicación como medio para asegurar el bienestar social. Los argumentos contra los "derechos positivos" o "libertad positiva" han tenido gran alcance en décadas recientes según lo evidenciado por el progresivo y exitoso asalto en la teoría y la práctica de los estados de bienestar (2). En ese caso, los defensores de tales derechos deben examinar más de cerca qué significa gozar de derechos positivos. Como yo sostengo en este trabajo, los grandes monopolios de telecomunicaciones - las compañías nacionales del cable y de teléfono - están entre los mayores beneficiarios de los derechos positivos del siglo XX. A través de una crítica del bienestar corporativo, que ha hecho de la industria de las telecomunicaciones de los Estados Unidos el éxito fenomenal global que es hoy, procuro justificar las obligaciones que la industria debe cumplir para mantener el bienestar público en la comunicación en este tiempo (3).
Una sociedad libre y democrática depende de lo que Immanuel Kant una vez llamó "el principio de publicidad," por cual él se refería a la oportunidad para dejar fluir las ideas que no se dejan entorpecer por la dominación y el miedo (4). Sabiendo bien que el control de la publicidad sobre información importante e incluso potencialmente perjudicial puede ser vital para mantener el orden social, Margaret Thatcher una vez dijo bromeando que los secuestradores del avión debían ser privados del "oxígeno de la publicidad," ya que eso era lo que buscaban con sus acciones (5). La analogía aquí no es que los ciudadanos promedio son potenciales terroristas contra quienes los gobiernos en complicidad con los medios están emprendiendo o deben emprender una guerra informativa deliberada. Más bien se trata de que el "oxígeno de la publicidad", de lo cual es privado diariamente el ciudadano promedio, brinda la información básica y el conocimiento necesario para hacer uso eficaz de las instituciones políticas, cuya lógica es su derecho entender, cuestionar y transformar. Más mundanas que las medidas restrictivas para frustrar la violencia política, el gobierno, con la complicidad de los medios de comunicación, demostró no sólo que es capaz sino que está dispuesto a angostar y contraer la imaginación política del público (6). Mi hipótesis al escribir este trabajo ha sido que, para contribuir a una imaginación política lo más sana posible en una sociedad libre y democrática, la promoción del oxígeno de la publicidad del mayor tipo es la máxima prioridad entonces, necesariamente, los servicios de telecomunicación deben asegurar la oportunidad de servir al interés público.

II.
Al aprobar la Ley de Telecomunicaciones de 1996, el Congreso unificó las heterogéneas resoluciones de la Comisión Federal de Comunicaciones y de los tribunales para hacerlas más funcionales, con el anhelo de promover la competencia en la provisión del servicio telefónico básico así como también una variedad de servicios informativos "mejorados", incluyendo la televisión por cable. A diferencia del servicio de telefonía básico, el servicio de televisión por cable no ha sido regulado como "common carrier". Desde sus humildes orígenes como medio para retransmitir las señales de radiodifusión, el servicio de cable se ha movido en una dirección muy diferente a la de la telefonía en lo referente a su regulación. En algún sentido, el cable se convirtió en un "hijastro" poco probable de la radiodifusión, que fue establecida cuando la Corte Suprema declaró que la jurisdicción de la FCC sobre el calbe era justificada como extensión de la relación del cable con la radiodifusión. En el caso de ESTADOS UNIDOS vs. Southern Cable de 1968 (7), la corte consideró que, como las compañías de cable transmiten señales de radiodifusión, la autoridad de la FCC sobre los proveedores de cable se deducía lógicamente de su autoridad sobre las empresas de radiodifusión. Aunque sería incorrecto decir que el cable ha sido regulado como radiodifusor, la relación entre las dos industrias ayuda a explicar por qué la industria del cable pudo evitar exitosamente ser regulada como "common carrier". Para comenzar, es útil observar cómo "radiodifusión" ha sido definida por el estatuto. Según la Ley Federal de Comunicaciones de 1934, y sus posteriores enmiendas, la "radiodifusión" se define como:

El término "radiodifusión" significa la difusión de las comuncaciones por radio que el público prevé recibir directamente o por intermedio de las estaciones de re-transmisión. 47 U.S.C § 153(a)(6)

Y el término "Radio Comunicación" se define en el Acta de1934 como sigue:

El término "Radio Comunicación" o "comunicación por radio" se refiere a la transmisión por radio de escritura, signos, señales, imágenes y sonidos de todo tipo, incluyendo los instrumentales, instalaciones, aparatos y servicios (entre otras cosas, la recepción, reenvío y la entrega de comunicaciones) que influyan en dicha transmisión. 47 U.S.C § 153(a)(33).

Aunque la industria de la televisión surgió luego, esta definición de la radio también se ha aplicado a la televisión.
Es importante recordar que si bien en los comienzos de la radio las empresas intentaron hacer de la radiodifusión un servicio público pago, no lo lograron. En cambio, el radiodifusor fue tratado como la industria editorial y no sólo como un portador/carrier. Al comparar los dos modelos - common carriers y radiodifusores comerciales - el primero históricamente no ha tenido ningún control sobre los contenidos que transmite, mientras que el segundo tuvo casi control total, a pesar de algunas obligaciones de menor importancia del servicio público. La última tentativa verdaderamente significativa de extraer a los radiodifusores las obligaciones de common carrier se dio en 1973, cuando La Corte Suprema indicó de forma inequívoca que ningún grupo tiene derecho de exigir acceso al tiempo de emisión (8).Según se dice, el momento emblemático en el que las obligaciones del servicio público se vieron en retroceso fue cuando la FCC de Reagan revisó las reglas de la "Doctrina de Justicia" (Fairness Doctrine) y determinó que no sólo eran innecesarias (por la emergencia de nuevos medios de comunicación como por ejemplo el cable y televisión satelital) sino que además tenía un "efecto escalofriante" en el discurso de los radiodifusores (9).
Como lo demuestran estas decisiones, el modelo de radiodifusión en Estados Unidos ha tratado a las estaciones de operación no simplemente como portadores de los mensajes de otros, sino como editores/autores/oradores en su propio derecho. Curiosamente, los operadores del sistema de cable se las han arreglado para recibir un tratamiento similar. En historia del cable de Estados Unidos, también se hicieron tentativas para imponer las obligaciones del servicio público que probaron dónde se posicionó el cable respecto de los límites entre los radiodifusores y los common carriers. En 1972, un caso decidido por la Suprema Corte expandió la jurisdicción de la FCC sobre el cable permitiéndole solicitar a los operadores del sistema de cable que generen programación local, concordante con las obligaciones de programación local que son impuestas a los radiodifusores (10). Luego, en 1979, la FCC presionó más e impulsó medidas hacia el common carriage creando reglas que requerían que las compañías de cable tuvieran canales público, educativo, gubernamental (PEG) y arrendara el acceso comercial (11). Con respecto a este requisito, la Corte Suprema determinó que la FCC ahora intentaba regular el cable como common carrier, y que violaba la distinción estatutaria entre los radiodifusores (que, de alguna manera, se los emparentaba con el cable) y los common carriers. Aunque la Corte no permitió que la FCC impusiera estos requisitos de acceso, en 1984, el Congreso aprobó una legislación que, mientras que no imponía tales requisitos, autorizó a ciudades para eliminar tales obligaciones de las compañías de cable para satisfacer el cumplimiento de sus acuerdos municipales de concesión (franchise). (12)
Esta obligación sigue siendo una cuestión de acuerdo entre las compañías de cable y los municipios. Pero se ha producido un giro en años recientes, pues la industria del cable ha comenzado a brindar Internet. Una vez más, se tanteó el terreno para ver si las compañías de cable deben actuar como common carrier y proporcionar el acceso a sus conexiones a través Internet Service Provider (ISPs) independientes. En el caso de "Nacional Cable & Telecommunications Association" vs. Brand X, la Corte Suprema mantuvo la resolución de la FCC por la cual una compañía de cable está en su derecho de no proveer las conexiones vía cable modem de banda ancha a terceros. El razonamiento de la Corte fue que los ISPs están ofreciendo "servicio informativo," que no se sujetan a las regulaciones del common carrier, a diferencia de los "servicios de telecomunicaciones".(13)
Como Brand X no posee su propia infraestructura ("servicio de telecomunicaciones"), y puesto que las compañías de cable ya habían establecido su derecho a la libertad de expresión para determinar qué contenidos se proveen en sus sistemas, no se consideró que Brand X tuviera una demanda justificada para a tener acceso en la infraestructura del operador de cable. La historia del cable de ser "razonablemente complementaria" a la radiodifusión resurgió una vez más, ya que la industria ha establecido que los operadores de cable pueden ser los proveedores exclusivos del servicio del Internet en sus propias conexiones (14). Este caso tuvo lugar inmediatamente después de haber sido emitida a una resolución declaratoria de la FCC, que indicaba que el servicio de cable modem es un "servicio de información", no un "servicio de telecomunicaciones".(15) Cuando se es un provedor de información, uno actúa esencialmente como un radiodifusor, entonces lo más importante es el papel de proveedor de contenidos, mientras que al ser proveedor de telecomunicaciones, uno actúa esencialmente como common carrier. Como nunca quiso quedar en último lugar, a pesar de ser el operador de una infraestructura que tenía cierta semejanza con el sistema de telefonía (cables a las residencias, confiando en el uso de las ciudad de los derechos de circulación, etc.), la asociación de la industria de cable exitosamente puso énfasis en la importancia de la "información" en su servicio de cable modem.
El caso dividió las aguas, y fue un serio golpe para los grupos de interés público que deseaban asegurar el acceso de Internet a la infraestructura de telecomunicaciones de la nación. Al escribir un Amicus Brief, cuando el caso estaba en la Corte de Apelación, la Unión Americana de Libertades Civiles argumentó:

Si los servicios de cable modem no son regulados como servicio de telecomunicaciones de common carrier, las compañías de cable pueden aprovechar que tienen la propiedad de la infraestructura física para controlar el acceso de los ciudadanos a Internet. Esto atenta contra la libertad de expresión y la privacidad. Una compañía de cable que tiene control completo sobre el acceso de sus clientes a Internet podría censurar su capacidad de hablar, bloquear su acceso a los servicios informativos desaprobados, supervisar su actividad mientras estén online y manipular sutilmente los servicios de información en los que confían. Los clientes no tendrán más opción que someterse a esta vigilancia". (16)

Ésta es la esencia de la preocupación actual por cuál es papel que los monopolios de Telecomunicaciones- cable y teléfono- pueden desempeñar con respecto a los ciudadanos y las condiciones bajo las cuales éstos pueden participar en la esfera pública. Como las compañías de cable son entidades privadas, su capacidad de censurar no es un tema que involucre a la Primera Enmienda. Y si las compañías de teléfono se las arreglan para asegurar un grado comparable de control sobre el uso del Internet sobre sus cables, ellas estarían listas para gozar de poderes similares de "censura del mercado." Además, debido al poder que poseen por su grado de concentración, las compañías de telecomunicaciones pueden ser convenientes concentradores de información para que las Agencias Nacionales de seguridad terminen experimentos de vigilancia de los ciudadanos de Estados Unidos.(17) A pesar de que estos dos problemas - censura de mercado y la vigilancia - no están conectados directamente, ambos provienen de la concentración del poder de mercado que fue otorgado a las compañías de Telecomunicaciones por el gobierno federal. La ilusión que tanto el gobierno y las compañías de telecomunicaciones aspiran perpetuar es que esta concentración de poder es, de alguna manera, el resultado de las vicisitudes de un mercado sano, más que de un bienestar corporativo. (18)

III.
En los años 90, luego de la desintegración de AT&T, hubo una rápida aceleración de inversiones directas extranjeras por parte de las compañías de las telecomunicaciones de Estados Unidos, particularmente en telefonía inalámbrica y el servicio de televisión por cable. (19) Hoy, con políticas de propiedad más laxas que nunca, las firmas nacionales privatizadas han aunado fuerzas con las compañías de Estados Unidos para crear descomunales infraestructuras de telecomunicación global.
El modelo de política de telecomunicaciones de Estados Unidos responde a poderosas corporaciones que acumularon su masiva fortuna no a través de la competición, sino a través de acogedores tratos como monopolios protegidos (entiéndase regulados), cuyas ganancias fueron aseguradas y cuya exposición a la competencia fue mantenida en un nivel mínimo. La protección de una industria no es un mal intrínseco, especialmente si se hace a cambio de obligaciones de servicio público. Pero ahora, los bolsillos profundos de monopolios de telefonía se están utilizando cada vez más para controlar el flujo de noticias y entretenimiento, trabajando para definir sus derechos de dar contenido en las infraestructuras que fueron financiadas involuntariamente por el público. Los monopolios del cable y teléfono ganaron su fortuna "a la antigua": con tratos que tenían más a ver con protegerse de la competencia que con fomentarla. Aunque la historia del desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones está marcada a fuego por el bienestar corporativo, la falaz retórica del espíritu emprendedor que han conseguido las compañías de teléfono y de cable a sus actuales posiciones de dominio del mercado no debe convertirse en la causa de la negligencia de la política hacia sus obligaciones futuras de servicio público. Esas obligaciones deben incluir hacerse cargo de las cargas financieras para sostener un ambiente sano de servicio público de comunicación.
Es demasiado pronto para decir en qué dirección soplarán los vientos con respecto a la relación futura entre los servicios de telecomunicaciones y los servicios informativos, dado que estamos en medio de un importante re-examen y redefinición de esta arena. Sin embargo, entre los principios básicos que deben ser más apreciados para mantener el espíritu de los compromisos del servicio público, se puede mencionar que no se les permita a las redes prevenir el acceso a cualquier contenido legal, que ellas no permiten para favorecer a sus propios servicios sobre los de sus competidores ( ya sea en términos de precio o de la calidad del servicio ofrecido), y que comparten significativamente el sostener el costo de la re-invención del servicio público de medios para la era digital, bien sea a través de fondos del servicio universal, la co-financiación de servicios de banda ancha municipales u otros medios hasta ahora imprevistos. (20) El resultado final debe ser una resolución sostenida por por parte de quienes hacen políticas para no olvidarse de que el éxito y el poder de mercado concentrado de la industria de las telecomunicaciones de Estados Unidos se obtuvo a expensas de los ciudadanos estadounidenses, por cortesía del gobierno, y que por consiguiente se tiene una gran deuda con ellos.

Referencias
1 Andy Oram, "Network Neutrality and an Internet Vision," LXer, 13 February 2006. Available at: http://lxer.com/module/newswire/view/53907/; Rob Preston, "Down to Business: The Economics of Metro WI-FI," Information Week, March 27, 2006. Available at: http://www.informationweek.com/hardware/showArticle.jhtml?articleID=183702784
2 Berlin, I. (1969) 'Two Concepts of Liberty', pp. 118-172 in I. Berlin, Four Essays on Liberty. New York: Oxford University Press.
3 Cato Handbook define "bienestar corporativo" como: "los programas del gobierno que proveen beneficios únicos o ventajas para compañías específicas o industrias". En el tratado de Ralph Nader sobre la materia, bienestar corporativo se da en varias formas, que incluyen beneficios, como en el caso del bonanza spectrum de 1996 para radiodifusores, investigación y desarrollo, condonación de deudas, gastos de impuestos ("exclusiones especiales, excenciones, deducciones, creditos, o tasas de impuestos"), patrocinio gubernamental para empresas, y exportaciones y asistencia de marketing en el extranjero. Cfr. Edward H. Crane and David Boaz (eds.), Cato Handbook for Congress: Policy Recommendations for the 108th Congress (Washington, DC: Cato Institute, 2005), 338 y Ralph Nader, Cutting Corporate Welfare (New York: Seven Stories Press, 2000), 17-18; see also Patricia Aufderheide, Communications Policy and the Public Interest: The Telecommunications Act of 1996 (New York: Guilford Press, 1999), 63-64.
4 Kant, I. (1991) 'An answer to the question "What is Enlightenment?"' in Political Writings, ed Hans Reiss, trans H.B. Nisbet, Cambridge University Press. (Original work published 1784)
5 La declaración completa realizada por Thatcher en un discurso en una reunión de American Bar Association en Londres en 1985 fue, "[Las naciones democráticas] deben tratar de encontrar formas de privar del oxígeno de la publicidad del cual dependen a los terroristas y secuestradores." Disponible en: http://www.bartleby.com/63/41/8341.html
6 Andrew Calabrese (2004). Stealth regulation: Moral meltdown and political radicalism at the Federal Communications Commission. New Media and Society, 6(1), 18-25; (2005). Andrew Calabrese, Casus belli: U.S. media and the justification of the Iraq war. Television and New Media, 6(2), 153-175
7 U.S. v. Southwestern Cable Co. (U.S. 1968).
8 Columbia Broadcasting System, Inc. v. Democratic National Committee, 412 U.S. 94, 105 (1973)
9 Meredith Corp. v. FCC (D.C. Cir, 1987): re: Syracuse Peace Council, Memorandum Opinion and Order (2 FCC Rcd. 5042, August 6, 1987): El circuito de la corte determinó que la Comisón considere la constitucionalidad de la Doctrina de Justicia (Fairness Doctrine). La corte encontró que, basándose en la evidencia del caso, la FCC reconoció que la estación de televisión, WTVH-Syracuse, se equivocó al pedir el requisito de justicia. Sin embargo, la corte envió el caso de vuelta a la FCC porque quería que ella considerara la constitucionalidad de las Fairness Doctrine. La FCC llegó a la conclusión que la Fairness Doctrine contenía excesivamente el derecho a la libertad de expresión de los radiodifusores.
10 United States v. Midwest Video Corp., 406 U.S. 649 (1972).
11 F.C.C. v. Midwest Video Corp., 440 U.S. 689 (1979).
12 The Cable Communications Act of 1984. Public Law 98-549 - October 30, 1984 (98 STAT.2780).
13 De acuerdo al código de los Estados Unidos, "El término `Servicio de Telecomunicaciones`significa la ofrecer telecomunicaciones directamente al público por una tarifa, o a cierta clase de usuarios para que esté efectivamente disponible al público, sin importar las facilidades utilizadas. 47 U.S.C. Sec. 153(46). También, de acuerdo al código de EEUU, "El término `servicio de información`significa ofrecer la capacidad para generar, adquirir, almacenar, transformar, procesar, recuperar, utilizar o hacer disponible información vía telecomunicaciones, e incluye publicaciones electrónicas, pero no contempla ningún uso de ninguna habilidad para la administración, control u operación de un sistema de telecomunicaciones o la administración del sistema de telecomunicaciones. U.S.C. Sec. 153(20).
14 National Cable & Telecommunications Association v. Brand X Internet Services, 125 S. Ct. 2688 (20050.
15 Declaratory Ruling and Notice of Proposed Rulemaking Concerning High-Speed Access on the Internet Over Cable and Other Facilities (FCC 02-77), March 14, 2002.
16 Brief Amicus Curiae of the American Civil Liberties Union and the Brennan Center for Justice at NYU School of Law in Support of Respondents in the case of National Cable & Telecommunications Association, et al., v. Brand X Internet Services, et al. On Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, p. 4.
17 Leslie Cauley and John Diamond, "Telecoms Let NSA Spy on Calls," USA Today, Feb. 6, 2006 (**).
18 Los beneficios del bienestar de las corporaciones han sido el cimiento del poder del mercado de las corporaciones/monopolios del cable. La convención legal de las corporaciones se inventó para re- interpretar y extender a las corporaciones privadas los derechos que, previamente, sólo gozaban los individuos. La paradoja de esta entidad es, por un lado, la gran importancia que tiene para las corporaciones el ejercicio de los derechos ciudadanos, mientras que por el otro lado, las corporaciones poderosas son inflexibles y eficaces en su resistencia a la elaboración formal de códigos de obligaciones cívicas. En otras palabras, y esto no es novedoso, las corporaciones han sido eficaces reclamando los derechos de los ciudadanos pero evitando las responsabilidades que conlleva.
19 Andrew Calabrese (1995). Local versus global in the modernisation of Central and Eastern European Telecommunications: A case study of US corporate investments. In P. Preston and F. Corcoran (Eds.), Re-Regulating European Communications, pp. 233-256. Cresskill, NJ: Hampton Press
20 Some of this thinking is inspired in part by Representative Rick Boucher (D-VA). Rick Boucher, "Beware of a Two-Lane Internet," Business Week, March 7, 2006.

Traducción: Ana Bizberge