El
audiovisual en Argentina: omisión de la televisión y políticas
de exportación para el cine
Especial para PNC
Por Ana Bizberge y Cecilia Labate
Estudiante y graduada de Ciencias
de la Comunicación respectivamente
Reflexionar sobre las políticas
públicas del audiovisual en la actualidad, en medio de la convergencia
tecnológica y de la concentración e integración
económica de las Industrias Culturales en grandes conglomerados
transnacionales y nacionales, supone repensar las relaciones entre comunicación
y cultura, un par que debería ser indisoluble. En este sentido,
las luchas sobre la excepción cultural y luego por la diversidad
-que indican que por la especificidad de las expresiones culturales
como portadores de identidad no deben ser tratadas como mercancías-,
en principio, contribuirían a superar esas divisiones. Sin embargo,
el retorno de los debates internacionales sobre comunicación
y cultura en el año 2005 (en coincidencia con el 25º Aniversario
de la presentación del Informe Mc Bride) a partir de la Cumbre
Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) -convocada por
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)- y el tratamiento
de la Convención sobre Diversidad Cultural en el ámbito
de la UNESCO, hacen tambalear a esta dupla al plantear contradicciones
difíciles de sortear. Mientras que dentro de la lógica
de la UIT los medios son un sistema técnico para la entrega de
información, dentro de la lógica de la UNESCO son una
institución cultural y parte del proceso del desarrollo humano.
A pesar de esto, en la Convención aparece un aspecto controversial
en relación con "otros instrumentos" que habilita la
posibilidad de que lo planteado por la UNESCO sea desestimado por lo
acordado en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Así, el futuro de la diversidad cultural depende de otros procesos
multilaterales que pueden volverla inútil o inviable. En este
sentido, las negociaciones en el marco de la OMC y los tratados de libre
comercio (TLC) representan su principal amenaza.
Las políticas para el audiovisual
en Argentina
En el marco de estas tensiones entre el mercado y las propuestas de
la Convención (que Argentina no ha ratificado) en el plano internacional,
vale la pena dar cuenta de cuáles son las principales actuaciones
a nivel estatal en lo que se refiere a las políticas públicas
de cine y televisión.
Lo primero a señalar es una posición ventajosa del cine
respecto de la televisión en cuanto a los fomentos que recibe.
La ley de Cine (24.377/94) dispone la creación del Fondo de Fomento
Cinematográfico administrado por el INCAA para la aplicación
de subsidios y la concesión de créditos que está
compuesto por tres conceptos: 10% de la recaudación de taquilla;
10% del precio de venta y alquiler de video o DVD; y 40% de las sumas
percibidas por el COMFER en concepto del gravamen que los canales de
televisión pagan por sus licencias. Frente a esto, el cable y
los canales de aire de todo el país no tienen subsidios, con
excepción del Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR)
que según la ley de Radiodifusión (22.285/80) se debe
financiar con los aportes de las radios.
Desde la perspectiva de los productores de cine, los subsidios del INCAA
son fundamentales. Natalie Cabiron, socia de "Tres planos cine"
explica el proceso por el que hay que atravesar para alcanzar estos
beneficios: "Primero uno debe presentar un proyecto en forma de
guión para preclasificar para obtener el subsidio por medios
electrónicos (NdR: es la contribución que se otorga a
una película una vez que se estrenó en salas comerciales
y luego en DVD o video con más de mil copias distribuidas en
video clubs o bien fue televisada en más de tres canales de aire
o cable en territorio argentino)". Y agrega: "Una vez obtenido
el subsidio, el productor puede buscar financiación privada o
solicitar un crédito al INCAA, que se devuelve con el cobro del
subsidio después de estrenada la película. El crédito,
supuestamente, se otorgaría en cuotas durante todas las etapas
de realización de la película pero muchas veces tarda
más en llegar que el mismo subsidio. Esto obliga a los productores
a encontrar inversores, que prestan capital porque con el subsidio tienen
garantizado que tarde o temprano recuperarán su capital".
Desde otra perspectiva, Alejandro Ruiz, secretario de Cultura del Sindicato
Argentino de Televisión (SAT), señala que los créditos
de financiación que brinda el Estado tendrían que estar
orientados a los sindicatos, ONGs y asociaciones civiles que no tengan
vínculo con el mercado o un interés comercial: "No
estoy en desacuerdo con que el INCAA de subsidios a las productoras
pero también tendría que tomar la misma política
con las organizaciones o comunidades aborígenes que quieran hacer
un proyecto de difusión para mostrar la diversidad cultural del
país. El Estado tiene la obligación de regular el mercado
pero no de financiar empresas cuyo fin sea la rentabilidad económica".
El crecimiento que el cine experimentó en los últimos
años se debe no sólo a los incentivos económicos
que recibe sino también a la implementación de una política
cultural que apoya el desarrollo y la expansión de la industria
en el mercado local. En septiembre de 2006 se estableció la cuota
de pantalla, que actualiza la legislación de 2004 y genera dos
circuitos de exhibición protegidos por el INCAA: el Calendario
tentativo de películas nacionales, para aquellas películas
que salgan al mercado con más de seis copias y cuyo productor
haya solicitado adherirse al sistema y; el circuito de Exhibición
alternativo, para los filmes que tengan hasta cinco copias en el mercado.
En ambos casos, la regulación garantiza la exhibición
y permanencia mínima de dos semanas en las salas, de manera que
las empresas exhibidoras deben proyectar una película argentina
por cada pantalla existente en el lapso de un trimestre. Sin embargo,
la cuota de pantalla -que es una responsabilidad de las empresas- no
se cumple y el Estado parece hacer oídos sordos a su obligación
de tomar medidas para garantizarla.
Con el fin de promover la inserción del cine argentino en el
escenario mundial, una de las herramientas más importantes que
viene poniendo en juego el gobierno de Néstor Kirchner es la
notable participación de películas argentinas en festivales
de cine internacionales como el de San Sebastián, Berlín,
Tolouse, Cannes, Málaga, Toronto y Nueva York. Además,
desde hace tres años, el INCAA junto con la Fundación
Export.Ar -una institución mixta integrada por el sector público
y privado que asiste a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por
comercializar en el exterior- organiza las Rondas internacionales de
negocios de cinematografía y televisión, donde se realizan
reuniones que permiten establecer relaciones comerciales entre empresas
importadoras, distribuidoras y/o posibles socios extranjeros. Eduardo
Bevaqua, gerente de Comunicación institucional de Export.Ar explica:
"Las rondas de negocios permiten que las productoras chicas sean
atendidas por pesos pesados como HBO, que de otro modo no tendrían
acceso. En la ronda que se realizó en el Festival de Cine de
Mar del Plata en el 2006 participaron más de 100 empresas de
contenidos audiovisuales, entre productoras de cine, televisión
y publicidad. Al 60% les fue bien, generaron negocios o expectativas
de negocios".
Buenos Aires está de moda
Desde la salida de la crisis económica de 2001, Buenos Aires
(al igual que otros lugares del país) se convirtió en
una ciudad atractiva para los productores que necesitan filmar. Es que
en la Argentina se conjuga talento, creatividad, riquezas culturales,
tecnología avanzada, calificación de recursos humanos,
paisajes imponentes y, de más está decir, un cambio monetario
favorable para aquellos que vienen del extranjero. Por eso, al igual
que la provincia de San Luis, Buenos Aires es la ciudad que está
desarrollando con más intensidad proyectos que incentiven la
producción cinematográfica en sus escenarios. Desde el
BAset -un programa de la Subsecretaría de Industrias Culturales
del Ministerio de Producción- se realizan las tramitaciones concernientes
a la obtención de permisos de filmación y facilidad de
acceso a los patrimonios de la ciudad. "Tratamos de ayudar a las
unidades productivas del exterior como a las productoras locales para
todo lo que es vía pública y damos asistencia en la orientación
para la búsqueda de locaciones y espacios públicos",
explica Agustina Peretti, responsable de la Dirección General
de Promoción y Exportación de Bienes Culturales.
De acuerdo a un informe del Observatorio de Industrias Culturales (OIC),
en el que se realizó una estimación de la inversión
generada por la producción audiovisual (filmaciones de cine,
publicidad y televisión), durante 2005 se invirtieron 300 millones
de pesos a escala nacional, de los cuales 200 corresponden a Buenos
Aires. Como una observación, estas estadísticas permiten
dar cuenta que la centralización de inversiones radica en la
ciudad porteña. Siguiendo con el documento, de esos 200 millones
de inversión se calcula que 75 millones, aproximadamente, corresponden
a exportación de servicios audiovisuales.
En el período 2003-2005 BaSET ha asistido una importante cantidad
de producciones audiovisuales en las que, claramente lleva la delantera
la asistencia relativa a comerciales: en el año 2005 fueron 468
frente a 58 producciones de televisión y 38 largometrajes. Esta
primacía de los comerciales no es casual si se tiene en cuenta
que para las productoras y agencias de publicidad del exterior, luego
de la devaluación, los costos de producción son mucho
más bajos que en sus países de origen tanto en trabajo
técnico como en lo que se refiere a los actores. En parte, de
ahí también, el "boom exportador".
¿Y la pantalla chica?
Más allá del lanzamiento, en marzo de este año,
de Encuentro -una señal pública y educativa del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología y Educ.ar- que pretende
contribuir a la igualdad y acercar materiales audiovisuales de calidad
a toda la comunidad argentina, el panorama en televisión en lo
que tiene que ver con la promoción de la diversidad cultural
no es muy alentador y puede sintetizarse en unas cuantas medidas tomadas
durante el gobierno kirchnerista: modificaciones a la ley de Radiodifusión
(pero nunca elaborar una nueva) por las que, en 2005, a través
de la ley 26.050 (que modifica el art. 45 de la 22.285) se autoriza
a asociaciones sin fines de lucro a ser licenciatarios de servicios
de radiodifusión. Sin embargo, ese año, el decreto 527
determina la suspensión del plazo de las licencias de televisión
por 10 años, lo que sostiene el statu quo y la perpetuación
de los medios en manos de los mismos grupos económicos. En el
sentido de otorgar prerrogativas a los privados por parte del Estado
hay que sumar también la ley de Preservación de Bienes
y Patrimonios Culturales (ley 25.750/03) o "ley Clarín"
ya que, a partir del establecimiento de la participación extranjera
hasta un máximo del 30% en la propiedad de los medios, evitó
que Clarín sea comprado por Goldman&Sachs.
Respecto a la posibilidad de fomentar algún tipo de acción
con las pequeñas productoras en el ámbito televisivo,
Bevaqua asegura: "Es complejo, para las productoras chicas es más
fácil introducirse en el cine que en la televisión porque
este sector tiene más exigencias y las grandes cadenas ya tienen
en venta sus productos".
Por último, entre tantos decretos y leyes, cabe destacar el "maltrato
a las grillas", que hace referencia a los desfasajes de horario.
En octubre de 2006, luego de que no se cumpliera el acuerdo de palabra
efectuado en septiembre entre Julio Bárbaro, titular del COMFER,
y los gerentes de programación de los canales para subsanar esta
situación, el ente regulador anunció en diciembre que
iba a suspender la medida que sancionaba la impuntualidad para analizar
una presentación de Asociación de Televisión Argentina
(ATA) que justificaba dicha situación.
Estas medidas parecen conducir a la conclusión de que, so pretexto
de la diversidad cultural, las políticas diseñadas para
el audiovisual parecen orientarse a consolidar y hacer concesiones a
los privados, en detrimento del interés público.
El sector de la
televisión por cable debe ser regulado básicamente para
impedir la concentración
- Entrevista con Gustavo López (ex interventor del COMFER)
Por Santiago Marino
Docente de la materia Políticas
y Planificación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación.
En noviembre de 2006 la fusión entre
Cablevisión y Multicanal produjo un efecto de concentración
casi definitivo en un sector de la rama audiovisual que se percibe como
clave para el futuro de las comunicaciones y la democracia: la distribución.
Mientras el actual gobierno no se manifiesta aún al respecto
(ni en su discurso ni en las definiciones de los organismo pertinentes)
las empresas lo anuncian y consolidad al tiempo que se predisponen para
el escenario que se aproxima. De estos temas y de su accionar como ex
Interventor del COMFER dialogamos con el Dr. Gustavo López.
Desde la asunción del gobierno de la Alianza (en diciembre de
1999) y hasta su caída (en diciembre de 2001) el Dr. Gustavo
López se desempeñó como Interventor del organismo
de control de la radiodusión. Dueño de una mirada crítica
del proceso en que fue funcionario, se manifiesta asombrado por las
decisiones del actual gobierno (al que define como "fuerte pero
sin interés para democratizar las comunicaciones") y reconoce
por un lado a los medios como actores con importante peso político
(además de económico) mientras que, por otro lado, define
la necesidad de regular los sectores de modo específico para
evitar la concentración. El ejemplo de la fusión Cablevisión-Multicanal
lo lleva a definiciones críticas de la actual gestión.
SM: En un trabajo sobre la Política de Comunicación
durante el mandato de De la Rua, García Leiva plantea que el
COMFER gestionó con política y algo de planificación
en un gobierno con ausencia en la planificación...
GL: ...lamentablemente. Me tocó el gobierno equivocado. Era el
gobierno del que yo formaba parte y había votado. Pero me tocó
el gobierno equivocado.
El análisis crítico
del Dr. López se profundiza al dar cuenta de algunas medidas
adoptadas en aquel momento. Respecto específicamente de la Televisión
por Cable, en su gestión se tomaron decisiones que tenían
que ver con el proyecto económico del gobierno, como la firma
de convenios de competitividad para la Televisión abierta y el
Cable, quienes desde 2001 (en pos de incentivar el desarrollo de empresas)
pagan el 63 % menos de gravámenes.
SM: ¿Cómo define tal decisión?
GL:Como una concesión a la presión de los medios de un
gobierno que se caía. En realidad, personalmente no quería
firmarlo, de firmar algo así había que pedir algo a cambio,
que era la discusión de la ley de radiodifusión. Esto
fue en octubre de 2001 y el gobierno cayó sesenta días
después. Los canales siempre quisieron bajar la alícuota
de la ley de radiodifusión, lo consiguieron a través de
esto. Ningún impuesto se puede crear por decreto pero si se puede
bajar por decreto.
A propósito del concepto de concentración,
López cree que sería importante para el funcionamiento
del COMFER trabajar en conjunto con la Secretaría de Defensa
de la Competencia: "cuando era Interventor había dos niveles
de normas; por un lado la que me tocaba a mí resolver (la norma
del COMFER) en la que no tenía que mandarle nada a nadie: miraba
y veía: ¿Qué dice la ley? 'Un canal por área
de cobertura'. ¿Cuántos tiene? 'Dos, no corresponde'.
Y por otro lado la que tenía que ver con Defensa de la Competencia,
sobre todo lo que tenía que ver con la compra en Cable, donde
no hay ninguna norma que impida la concentración."
SM: Siendo una economía tan
específica y tan concentrada ¿Entiende que necesitaría
un marco regulatorio específico?
GL: Si. Y si mal no recuerdo algo habíamos escrito en el proyecto
de ley... Con la ley se puede otorgar una licencia de Televisión
por Cable a cualquiera, porque es una adjudicación directa, pero
por la presión de los grandes esto está cerrado. Nosotros
íbamos metiendo limitantes en distintos lugares. Pero una cosa
es lo que llegó al Congreso y otra es el Proyecto original. Yo
entiendo que el sector de la Televisión por Cable debe ser regulado
básicamente para impedir la concentración.
SM: En la actualidad, con la fusión
Multicanal y Cablevisión, un mismo operador concentra el 85 %
de los abonados...
GL: Y en ese caso Defensa de la Competencia tendrá que ver cómo
responde -aún o lo hizo- o cómo dibuja que está
todo bien.
A pesar de esta situación,
el Dr. López no ve un problema en que el carrier sea también
dueño de señales, porque -según comprende- "en
ese sentido no existe una concentración entre la producción
y el carrier, porque la producción está bastante diversificada".
SM: ¿Cuál fue el sector
que más presionó al organismo durante su gestión?
GL: Sin lugar a dudas la Televisión por Cable. Y por razones
económicas: todos los que negociaban eran multimedios. Dentro
de estos, el sector de la radio es el menos relevante porque económicamente
es el que menos ingresos les genera. Durante mi gestión la Televisión
abierta no se encontraba en mayores problemas, salvo la situación
ya conocida de Canal 9 y Canal 11 en manos de Telefónica. Pero
quienes más presionaron fueron las empresas de Televisión
por Cable, porque los grandes grupos estaban en el proceso de expansión,
comprando Cables del interior, presionando para ello con la propiedad
de los derechos de partidos de fútbol, y su presión era
para que se cierre el otorgamiento de licencias de servicios complementarios,
que es en lo que se encuadra el sistema. Claro que los grandes beneficios
para ese sector vinieron luego, con la sanción de la Ley de Protección
de Industrias Culturales, que impide la implementación del cram
down a esas empresas (que se habían endeudado en dólares
para comprar los cables del interior) y luego con el Decreto que suspende
el plazo de las licencias, que se resolvió cuando Multicanal
estaba en un duro trance económico. Es fuerte ver que durante
mi gestión el Grupo Clarín atravesó grandes problemas
por las deudas que le generaba Multicanal y que esa hoy es su empresa
más importante, estaba endeuda en dólares y hoy, con la
capitalización que tuvo a partir de las decisiones que la beneficiaron,
puede comprar Cablevisión, generando más concentración.
La dinámica y los tiempos del
mercado y su relación con la política producen cambios
en los actores y sus capacidades. La transformación de la economía
y del sector del Cable luego de 2001 es un claro ejemplo de este axioma
y los resultados -como se percibe en el diálogo con el Dr. López-
siguen siendo negativos para la democracia y las comunicaciones.
Acceso a la Información
Pública: un derecho individual, una obligación colectiva
Especial para PNC
Por Melisa Tedeschi y Claudia Gattucci
Estudiantes de Ciencias de la Comunicación
"Ningún gobierno democrático
puede sobrevivir sin rendición de cuentas y el postulado básico
de la rendición de cuentas es que el pueblo cuente con información
acerca del funcionamiento del gobierno". (Ackerman-Sandoval)
Si bien pareciera ser necesaria la relación
entre un Estado republicano y la libre información, en la Argentina,
éste no está ni cerca de ser un matrimonio consolidado,
sino que se presenta como una relación inmadura a la que le queda
un largo camino por recorrer.
El Derecho de Acceso a la Información Pública (AIP) es
una herramienta necesaria para la participación e incidencia
de la sociedad civil. No sólo es un derecho individual de los
ciudadanos que permite maximizar el campo de autonomía personal
facilitando el ejercicio de la libertad de expresión e información,
sino que es fundamental para la salud de toda república y para
el desarrollo de cualquier democracia ya que refiere a la publicidad
de los actos de gobierno, permitiendo ejercer un verdadero control sobre
los mismos. Desde este punto de vista, se puede decir que el AIP también
constituye un derecho colectivo ya que propone a la información
como instrumento de fiscalización de la autoridad pública.
La Constitución Nacional reconoce el derecho a buscar y recibir
información en los Artículos 1, 14 y 33. Luego, con la
reforma de 1994, se incorporaron algunos tratados internacionales en
los cuales se establece el acceso a la información como un derecho
fundamental de las sociedades modernas y se añadieron otros tres
artículos: el derecho a la información de los consumidores,
el derecho a un ambiente sano y a la protección de los datos
personales o "habeas data" (Artículos 41, 42 y 43).
Ley de AIP: ¿futuro proyecto
o proyecto futuro?
Si bien existen algunas leyes provinciales que refieren al AIP, aún
no hay una normativa de alcance nacional. El panorama actual en relación
a la posible sanción de una ley es bastante oscuro, no sólo
han perdido estado parlamentario todos los proyectos que estaban en
danza, sino que tampoco pareciera haber nuevas propuestas.
En este sentido, Juan Manuel Ugarte, secretario académico del
Foro Social para la Transparencia, en la presentación de su libro
"El derecho de acceso a la información", expresó
su deseo de que se sancione prontamente una ley de acceso para establecer
parámetros de búsqueda más claros para los ciudadanos.
Por su parte, María Julia Giorgelli, integrante del equipo de
AIP de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), señaló
que si bien una ley significaría una mejora en la protección
del derecho y ampliaría el ámbito de aplicación
del mismo, su existencia no garantiza la puesta en práctica.
Según la abogada, las organizaciones de la sociedad civil no
tuvieron éxito en la lucha por la sanción de una ley.
Es por eso que en ADC decidieron focalizar el trabajo en la ampliación
de la base de usuarios de acceso a la información y el estímulo
de los pedidos de informes a las dependencias del Estado.
Otras de las ONG que trabajan en la difusión y promoción
de este derecho son Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), y la Asociación
Civil por la Equidad y la Justicia (ACIJ). Estas organizaciones no sólo
realizan monitoreos, organizan seminarios y patrocinan juicios, sino
que se han convertido en actores privilegiados cuyo rol fundamental
es el de instalar el tema del acceso a la información en la agenda
pública.
El AIP como política pública
A siete meses de su asunción, el presidente Néstor Kirchner
firmó el Decreto 1172/03: "Mejora de la calidad de la democracia
y de sus instituciones" que regula, entre otros instrumentos de
participación ciudadana, el derecho de libre acceso a la información
pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
Esta norma, cuyo objetivo principal es "fortalecer la relación
entre el Estado y la sociedad civil", establece herramientas fundamentales
para la práctica ciudadana, como son las audiencias públicas,
la elaboración participativa de normas, las reuniones abiertas
de los entes reguladores de servicios públicos y la publicidad
de las agendas de los funcionarios (o "reglamentación del
lobby").
Además, el 1172/03 creó un ente de aplicación:
la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento
de la Democracia, dependiente de la Secretaría de Gabinete y
Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El flamante organismo tiene como función resolver consultas,
fijar criterios de interpretación, verificar y exigir el cumplimiento
de la norma llevando adelante monitoreos, estadísticas, evaluaciones,
informes y recomendaciones en las diferentes jurisdicciones.
La subsecretaría conducida Marta Oyhanarte, trabaja de manera
descentralizada a través una red de enlaces distribuidos en las
distintas dependencias del ejecutivo, cuya tarea principal es hacer
más operativas todas las herramientas que establece la normativa.
Al respecto, Germán Stalker, Coordinador del Área de Implementación
de Políticas Participativas, asegura que si bien los pedidos
de información formales no han aumentado considerablemente a
partir del decreto, es notable la mayor participación ciudadana
a través de canales informales -consultas telefónicas
o por correo electrónico-. En consecuencia, se está trabajando
en un sistema informático accesible vía Internet.
Asimismo, Stalker explica que entre las actividades programadas para
este año se encuentra el dictado de cursos de capacitación
para empleados públicos y altos funcionarios del Estado, por
un lado, y la inclusión del tema del AIP en la formación
primaria y secundaria, por el otro.
"Si bien no está formalizado, existe un proyecto conjunto
con el Ministerio de Educación para incluir la temática
como uno de los contenidos obligatorios en las escuelas primarias y
colegios secundarios", precisó.
El AIP y las TICS: nuevas tecnologías,
nuevas posibilidades
Según Andrea Caldadaro, Directora de Contenidos de la Secretaría
de Medios de Comunicación de la Nación, las políticas
digitales y el gobierno electrónico son herramientas aceleradoras
en el proceso de libre acceso a la información pública.
Estas nuevas formas de gestión de la información son canales
de participación ciudadana que trasparentan la administración
pública y permiten el control de la gestión política.
En este marco, el decreto señala la creación de un portal
general del gobierno de la república (www.argentina.gov.ar),
la gestión de una guía de trámites, un sistema
de seguimiento de expedientes y una ventanilla única para el
ciudadano, así como el diseño de portales temáticos
del gobierno nacional y un directorio en línea de organismos
y funcionarios.
Sin embargo, las políticas digitales en la Argentina todavía
no tienen una acción coordinada y unificada a nivel nacional.
Es por esto que municipios, ciudades y provincias avanzan en el uso
de las TIC de manera desigual desarrollándose experiencias diversas.
Este ritmo dispar que manejan las distintas dependencias del Estado
con respecto a la apropiación y uso de las TIC está asociado
al nivel de compromiso de los funcionarios con los proyectos de transparencia
y libre acceso a la información pública.
Es por ello, que se podría afirmar que la aplicación de
las nuevas tecnologías de la comunicación e información
como vehículos de la información pública y facilitadoras
de la participación ciudadana implica un cambio cultural tanto
hacia afuera como hacia adentro de la APN.
No sólo supone la creación de nuevos canales de publicación
y difusión, sino también la adopción de un sistema
centralizado de información de gobierno de acceso común
que, sin duda, daría comienzo a una nueva tradición en
el almacenamiento y la memoria de la información pública.
