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El flamante gobierno uruguayo a cargo del Encuentro Progresista/Frente Amplio/ Nueva Mayoría (en adelante Frente Amplio [1] ), además de inaugurar una nueva página en la historia de Uruguay, está rodeado de expectativas en torno a posibles cambios en materia de políticas de medios de comunicación. Las repercusiones de estas estrategias apenas comienzan a sentirse, pero la determinación del nuevo gobierno en demostrar que este aspecto también está cambiando en Uruguay se hace visible a partir de dos tendencias en su primer mes de gestión:

- intención de racionalizar los medios de comunicación, especialmente los vinculados a la esfera estatal y pública;

- centralización de la comunicación del gobierno en la SEPREDI (Servicio Presidencial de Información).

La democratización de la comunicación como elemento clave para la promoción del ejercicio de la ciudadanía fue propagada en la campaña electoral del Frente Amplio como uno de los ejes para un “Uruguay Democrático”. Cabe esperar que se impulsen algunas de las medidas propuestas por la Unidad Temática de Medios de Comunicación, así como por el Grupo de Trabajo de Sociedad de Información, espacios de discusión en el seno de este partido en la elaboración de su plataforma electoral durante el 2003/4.

Como características centrales, Gustavo Gómez [2] establece que el nuevo Sistema de Radiodifusión en Uruguay debería definirse tomando en cuenta las siguientes características:

- Políticas públicas: elaboradas con amplia participación ciudadana y de los diversos actores involucrados.

- Pluralidad de medios: en un marco de libre competencia, pero que estimule la diversidad cultural, así como la participación de diversos grupos en la gestión de los medios.

- Concentración de medios: establecimiento de un marco legal contra los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación.

- Producción nacional y regional: reafirmar la vocación de integración al Mercosur y a Latinoamérica.

- Profesionalización: promover la capacitación de quienes desempeñan trabajos en los sectores de la información y la comunicación.

- Adjudicaciones: mecanismos claros y transparentes que garanticen la igualdad de oportunidades para el acceso a las frecuencias radioeléctricas.

El caso uruguayo no es ajeno al de otros países latinoamericanos, que desde las últimas dictaduras militares prácticamente no han podido realizar modificaciones sustanciales en sus marcos legales de radiodifusión. Desde ese período el Ministerio de Defensa Nacional posee la potestad sobre el espectro radiofónico y las ondas de televisión (Ley de Radiodifusión No. 14.670 y Reglamento de Radiodifusión No 734/78).

A partir de entonces hubo pocos cambios en materia de políticas de medios en este país. El especto radioeléctrico vivió las fluctuaciones características de adjudicaciones personales durante la primera y la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti (1985-1989 / 1995-2000) y de Luis A. Lacalle (1990-1995). Como grandes mojones se destacan la instalación de la TV cable en Uruguay a comienzos de la década de 1990, para el cual no hubo transparencia en su adjudicación. [3]

En 1996 el Ejecutivo autorizó una señal de TV cable a la Intendencia Municipal de Montevideo, bajo la órbita del Frente Amplio desde 1989. Sin embargo, le impuso la restricción de no poder financiarse mediante publicidad, por lo cual debió recurrir a fondos de la intendencia. El gobierno uruguayo protegió de esta forma la posible competencia publicitaria con el Canal 5, del Estado Nacional y llegada a todo el país. Con esta limitación, el canal municipal “TV Ciudad”, pasó a integrar los paquetes de programación de los operadores de cable de la capital, y más tarde del interior del país.

El gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) abrió el mercado uruguayo a la incorporación de TV satelital, un fuerte cimbronazo para los actores locales, que presentan además de una marcada concentración en la propiedad de los medios, así como una concentración de contenidos en la repetición en los canales del interior.

Con la excepción de la llegada de estos nuevos players, prácticamente no hubo modificaciones sustantivas en los medios de radiodifusión desde la apertura democrática, así como tampoco se produjeron cambios en la concepción de la información y la comunicación en tanto servicios públicos, derechos de los ciudadanos y deberes del Estado y de las empresas de medios.

Dentro de este panorama desalentador, hubo iniciativas que no llegaron a cristalizarse, como el proyecto de Ley de Medios Audiovisuales de Telecomunicación (junio 1998), declaraba al espectro radioeléctrico como patrimonio de la humanidad, así como el Proyecto de ley del Nuevo Espacio para el Servicio de Radiodifusión Sonora (noviembre de 1998), o el Proyecto de ley para el Servicio de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia, y el Servicio Universitario de Radiodifusión Sonora (URSEC). Aunque no se implementaron señalan una tendencia hacia la discusión de temas que antes despertaban escaso interés y debate, por no mencionar una ausencia de visibilidad casi total en la agenda del gobierno, pero también de la sociedad civil en general. [4]

La campaña electoral del 2004 tuvo pocos momentos interesantes en cuanto a la calidad del debate y la información del programa de gobierno de los distintos candidatos. Sin embargo, en agosto se desató la polémica sobre la izquierda y los medios en Uruguay a partir de algunas afirmaciones que figuraban en las bases programáticas del Frente Amplio, como la frase que en el país existe “libertad de empresa pero no de prensa”. A partir de entonces se instaló en el escaso debate electoral la visión de los medios de comunicación y la izquierda, así como una estrategia de desprestigio al mismo por parte de los partidos tradicionales. Más allá de las afirmaciones, y de los fantasmas de la libertad de expresión que ambos lados esgrimieron, sí quedó en evidencia, una vez más, que el debate sobre los medios de comunicación y la definición estratégica de los mismos era impostergable. Sobre todo porque no abordaban los problemas centrales de reordenamiento legal acompañado de un adecuado rediseño institucional del Estado; adecuación de la legislación a la normativa internacional, especialmente la europea que contempla la existencia de medios gestionados por la sociedad civil y por el estado, así como garantizar la transparencia y pluralidad de los medios, entre otros.

Como grandes aportes para el escaso debate público actual, cabe mencionar las intenciones de articular el trabajo de la URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación), [5] el SODRE (Servicio de Radiodifusión y Espectáculos), dependiente del Ministerio de Eduación y Cultura, la redefinición de los objetivos de los canales públicos (Canal 5 y TV Ciudad), así como quitar de la órbita del Ministerio de Defensa el contralor del espectro radioeléctrico. La nueva Ley de Radiodifusión comenzaría a proponerse en el parlamento a partir de mayo, con la esperanza que sea promulgada antes de finalizar el 2005, según la Unidad Temática de Medios de Comunicación del Frente Amplio.

Sin embargo el gobierno en su primer mes de gestión aún no se pronunció a favor de promover ninguna ley sustantiva en materia de medios de comunicación. En todo caso se han realizados las designaciones correspondientes para los cargos de televisión nacional y el SODRE, ambos con severos cuestionamientos por parte de varios sectores políticos, incluyendo al propio Frente Amplio.

El proyecto de financiar la iniciativa de venezolana del canal latinoamericano de Telesur con un 10% del capital accionario, y el reciente viaje a Brasil de Vázquez en el que se compromete a la cooperación televisiva, radiofónica y electrónica para la divulgación de informaciones destinadas a los pueblos de América Latina, fueron algunas de las primeras medidas que han causado un impacto en la opinión pública

En el primer viaje oficial del nuevo presidente a Brasil el 31 de marzo, se comprometió al desarrollo de los medios de comunicación en ambos países, a través de un convenio firmado por ambas cancillerías. La coordinación, seguimiento y ejecución de convenio, estará a cargo del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y la secretaría de Comunicación de Gobierno y Gestión Estratégica (Secom) y Radiobras-Empresa Brasileña de Comunicaciones S.A.

Un nuevo logo para la presidencia de la república, nueva imagen a nivel de su sitio web (www.presidencia.gub.uy) y declaraciones del presidente Tabaré Vázquez para la eliminación de las secretarías de prensa y comunicación de los diversos ministerios públicos apuntan claramente a una centralización de la comunicación del gobierno, en la promoción de la percepción de un estado orgánico, y corporativo.

La idea de centralizar la información del gobierno es una de las aspiraciones del presidente Tabaré Vázquez, que es partidario de fortalecer la SEPREDI para que en el futuro sea el único canal por el cual se trasmita la información del gobierno. Esto implicaría eliminar todas las oficinas de prensa de los ministerios, para que SEPREDI centralizara la información de todas las carteras.

La iniciativa del mandatario incluía al canal oficial y las emisoras de radio del SODRE en el proyecto de unificación, como así a la URSEC.

Fuentes del gobierno indicaron que Vázquez mantiene su intención, y que la iniciativa puede llevarse adelante durante la reestructura ministerial, que aspira desarrollar en poco más de doce meses.

Sin embargo el debate sustancial, y de fondo, aún no ha sido abordado por el partido de gobierno. Es de esperar que las propuestas de ley elaboradas por los Grupos de Trabajo del propio partido, tanto por la unidad temática de Medios de Comunicación, como por el GT en Sociedad Información sean tenidas en cuenta al menos en el mediano plazo.

[1] Frente Amplio es la denominación original del partido de coalición de izquierda en Uruguay, inaugurado en 1971. En la actualidad comprende unas 15 facciones políticas.

[2] integrantes de estos grupos. Elaboró el documento “Dossier Información, comunicación y medios. Recursos para algunos de los temas claves que tendrá en agenda el gobierno progresista en Uruguay” (2005) Publicación editada por C3. Fundación Friedrich Ebert,

[3] En Montevideo los tres canales privados abiertos de TV, el 4 (Montecarlo), 10 (Canal 10) y 12 (Teledoce) quedaron a su vez a cargo de los tres canales de cable de la capital, pero para ello se asociaron para crear Equital, la empresa que representa al núcleo de los tres operadores.

[4] “Nada parece ser más fuerte para dibujar el panorama que tiene por delante el nuevo gobierno que la ausencia de debate público sobre estos temas. Ningún asunto de tanta importancia (ni siquiera el difícil asunto de las desapariciones durante la dictadura militar) han estado tan ausentes y acallados como este”. Gomez, G. (2005) “Dossier Información, Comunicación y Medios. Recursos para algunos de los temas claves que tendrá en agenda el gobierno progresista de Uruguay”.

[5] La URSEC es equivalente al COMFER en Argentina.

Entre políticas de comunicación y comunicación política